Calviño llama a la unidad para evitar que la pandemia "deje cicatrices en nuestra economía"

España

www.nosolomerida.es | El Congreso debate los decretos de apoyo a la economía y para la reactivación del servicio de justicia

El pleno del Congreso ha debatido esta mañana dos reales decretos ley aprobados por el Gobierno para establecer medidas de apoyo a la economía y para reactivar la Administración de Justicia como consecuencia del impacto de la epidemia del Covid-19.

En el primero de ellos, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha solicitado el apoyo de las diferencias fuerzas políticas para convalidarlo. “Actuando unidos, con solidaridad y transparencia conseguiremos evitar que la pandemia deje cicatrices permanente en nuestra sociedad y en nuestra economía, y facilitaremos que la recuperación llegue antes, más rápido y más fuertes cuando empiece a remitir la crisis sanitaria”, defendió.

En ese sentido, Calviño insistió en que, a través de estos paquetes de medidas, se busca dar una protección y un soporte firme al tejido productivo, al empleo y a los más vulnerables, siguiendo así tres de los pilares clave del Gobierno en la gestión de la crisis derivada del coronavirus. “Entre todos estamos consiguiendo minimizar su impacto”, destacó.

De este modo, la vicepresidenta económica se mostró convencida de que pronto se hablará de los planes de recuperación y revitalización del tejido económico pero, hasta ese momento, “es imprescindible que sigamos sacando adelante las medidas necesarias para contener las muchas emergencias que esta pandemia está causando”, recalcó Calviño, quien, además, incidió en que el texto es “un paso ambicioso” para apoyar las necesidades que se deriven de la prolongación de esta situación de excepcionalidad.

El real decreto incluye cambios en los pagos fracciones del Impuesto de Sociedad y en el IVA  de los productos sanitarios. En el plano laboral, prorroga durante dos meses el carácter preferencial del teletrabajo y se modifica la regulación de los ERTE por causa de fuerza mayor, para cubrir las reducciones significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales, pero que se han visto afectados por las medidas de reducción de la movilidad y han visto mermados sus ingresos. Los trabajadores fijos-discontinuos podrán incorporarse a ERTE o recibir una prestación de 90 días aunque hubiesen agotado el desempleo o no hubieran cotizado, entre otras medidas destinadas a frenar el impacto económico de la crisis del Covid-19.

JUSTICIA


Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha sido el encargado de defender en el pleno el Real Decreto Ley relativo a las medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Tras dedicar sus primeras palabras a recordar a las víctimas de la epidemia y a sus familiares, así como a reconocer la labor de los profesionales del sector sanitario y de los trabajadores de los sectores esenciales, el ministro ha puesto en valor la tarea de “quienes desde el sector de la Justicia han permitido que la justicia no pare” durante esta crisis.

El objetivo del decreto presentado es “reactivar la Justicia tras el parón, prepararla para escenarios futuros y consolidar los cimientos de su transformación”, ha explicado el ministro.

Para la elaboración del plan, Campo ha manifestado que se ha optado siempre por el diálogo y el consenso, para lo cual precisamente se constituyó una Comisión Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia, que ha trabajado “de forma intensa junto a los departamentos de Justicia de las 12 comunidades con competencias transferidas”.

El ministro ha expresado su agradecimiento a las consejerías de Justicia, un reconocimiento “que hago incluso más significado respecto de aquellas consejerías lideradas por personas que pertenecen a partidos y sensibilidades políticas distintas a las del Gobierno central”. Y, por ello, ha hecho un llamamiento especial a los partidos representados en esta Cámara y que tienen también responsabilidades de gobierno en comunidades autónomas, para que “respeten y valoren el trabajo de sus compañeros y compañeras de partido”. En respuesta a las críticas emitidas por el PP, el titular de Justicia ha precisado que “el decreto no afecta a ninguna materia reservada a ley orgánica”.

“Traigo este Real Decreto Ley en nombre de todo el sector Justicia. Las medidas que contiene son clave para los próximos meses y años. De un lado, asistiremos a un notable incremento de la litigiosidad. Y, de otro, la justicia habrá de ser un motor dinamizador de la economía, pues sólo así se podrá responder a una sociedad sumamente tensionada social y económicamente”, ha expuesto.

Entre las medidas contempladas, se contempla la creación de los “Juzgados Covid-19”, para reforzar los asuntos generados por esta crisis. Asimismo, se prevén refuerzos con jueces de adscripción territorial y letrados de la administración de justicia en prácticas. También se habilita la movilidad del personal entre órganos judiciales. Con el objeto de retomar la actividad y poner al día el servicio, se habilita este año, de forma excepcional, los días hábiles del 11 a 31 de agosto. En cuanto a las medidas de seguridad laboral y prevención de riesgos, se prevé el establecimiento de turnos de trabajo de mañana y tarde. También se limitará el acceso a las salas de vista, así como la dispensa del uso de la toga. Simultáneamente, se reforzará la atención al público, por vía telefónica y correo electrónico. Se fomentará el teletrabajo y se adoptan medidas procesales de carácter extraordinario, entre otras cuestiones.







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