Escrache al derecho de reunión
Jueves 11 de Abril de 2013 02:07
www.nosolomerida.es | Opinión | Víctor Rodríguez | El lunes pasado la Ertzaintza prohibió a los activistas de Stop Deshaucios acercarse a menos de 300 metros de la vivienda y del despacho de abogados del diputado del PP José Eugenio Azpiroz en San Sebastián. Dos días después el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dice que la distancia de seguridad dependerá de la ubicación exacta de cada vivienda, y que en ningún momento se ha marcado un perímetro concreto de seguridad porque sería absurdo (La dirección de la Policía Nacional envió una comunicación por la que se prohibían los escraches a menos de 300 metros de los domicilios de políticos). A la vez, el
presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, cree que el alto Tribunal vasco tendrá que de decidir si la resolución de la Ertzaintza sobre los escraches es proporcional porque "cualquier persona u organización puede promover el ejercicio del derecho de reunión y manifestación en espacios públicos con el único límite explícito de que sea pacífico y este comunicado a la autoridad gubernativa”.
En Extremadura este miércoles ha sido el presidente de la Asamblea, Fernando Manzano, quien ha establecido el perímetro concreto de seguridad de la Cámara para siete activistas de la Plataforma por la Renta Básica en Extremadura (PRB). Manzano les ha prohibido entrar en la Asamblea para asistir a 
las reuniones que tenían concertadas con el grupo parlamentario socialista y con el de izquierda unida. Seguramente los activistas de la PRB les demandarían que los poderes públicos regionales velen por la especial protección de aquellos sectores de población con especiales necesidades de cualquier tipo. La igualdad efectiva de los extremeños pasa inexcusablemente por la adopción de políticas específicas para la infancia, los mayores y cualquier otro sector social con necesidades específicas. Esas demandas que llevaban a los grupos parlamentarios con el arma de la palabra están en el Estatuto como deberes de los poderes públicos. A ellas Manzano les pone los muros contenedores de la policía (y hagan sus señorías reclamaciones). Tanto el derecho de reunión que refiere Ibarra, como el derecho fundamental “de participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes” que recoge el Estatuto de Autonomía de Extremadura, no han podido ser ejercidos con la prohibición de Manzano.
Conocimos al presidente Manzano por aquello de las conversaciones en su coche con su primo, el chófer. Después constatamos reiteradas veces su condición de secretario general del PP de Extremadura: la semana pasada dijo no saber “en qué punto de desbordamiento está en este momento el Partido Socialista; se ha salido de su cauce hace muchos meses, hace mucho más tiempo que el Guadiana”. El daño que Manzano está haciendo a la institución que representa supera con creces las previsiones iniciales, y ha alcanzado punto álgido con la prohibición referida. Si no se va deberían echarlo democráticamente para acabar con esa crisis institucional, al menos.
