Los vigilantes de seguridad privada exigen el cumplimiento de las clausulas sociales en la región y un convenio colectivo digno
Escrito por Redacción Martes 24 de Octubre de 2017 00:00
www.nosolomerida.es | Los vigilantes de seguridad privada de la región han protagonizado una concentración frente a la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura exigiendo el cumplimiento de las clausulas sociales en las adjudicaciones que hacen las administraciones públicas y que la patronal desbloquee el convenio estatal de seguridad
privada. Extremadura se ha convertido en una comunidad en la que campan a sus anchas empresas piratas, expulsadas de otras comunidades, que se benefician de contratos públicos y explotan a sus plantillas con condiciones indignas, tanto en salario como en horarios
Los sindicatos CCOO, UGT y USO han convocado esta concentración en Mérida y advierten que si no hay un acuerdo sobre el convenio podrá convocarse una huelga general en el sector.
Tras meses de negociación, la patronal en pasadas fechas retiró provisionalmente de la mesa de negociación "elementos de retroceso" para la totalidad de vigilantes de seguridad basados en la "congelación de la antigüedad" o el "cambio sustancial" en cuanto a derechos vinculados con el transporte de fondos.
Pese a ello, la patronal, en opinión de los sindicatos, sigue mostrando una "manifiesta pasividad" en abordar "compromisos reales" de incrementos "mínimamente razonables" de salarios, así como establecer elementos de avance "suficientes cimentados en el diálogo social".
Ante esta situación UGT CCOO y USO han exigido incorporar incrementos "salariales razonables" a la negociación, establecer cláusulas de revisión salarial, abordar un "debate suficiente" sobre la jubilación anticipada y establecer "criterios adecuados" sobre los permisos retribuidos.
Además de salvaguardar la subrogación en situación de prejubilación, abordar la empleabilidad en el sector ante la implantación de nuevas tecnologías, mantener la negociación abierta para incorporar posibles acuerdos que se establezcan en la mesa abierta con el Ministerio de Fomento y abordar problemáticas específicas de insularidad y concretas para Ceuta y Melilla.
"Son peticiones totalmente razonadas y medibles que, lejos de establecer elementos populistas de escaso recorrido, el sector en su conjunto debe, desde la movilización y desde la negociación en la mesa, introducir en la negociación abierta", han considerado.
Respecto a la situación en Extremadura, CCOO, UGT y USO han incidido en que la principal contratista de los servicios de seguridad privada es la Junta de Extremadura y el sistema de licitación está haciendo que determinadas empresas están optando a los concursos públicos donde "rozan la baja temeraria" y donde después aplican "vergonzosas condiciones laborales y económicas a los vigilantes de seguridad que tienen la desgracia de pasar subrogados con dichas empresas".
