El equipo de gobierno pide la dimisión del concejal Daniel Serrano, por decencia política
Escrito por Redacción Miércoles 26 de Julio de 2017 00:00
www.nosolomerida.es | El equipo de gobierno solo persigue a aquellos que comenten delitos contra los bienes públicos y el patrimonio municipal
No vamos a tolerar el ataque a ningún funcionario público de éste Ayuntamiento.
El equipo de gobierno pide la dimisión del concejal del partido Popular Daniel Serrano por
decencia política.
Una vez abierto juicio oral, que queda demostrado que el vehículo Citröen 5 estaba en perfecto estado –como aseguran los técnicos municipales-, que se ordenó su desguace sin expediente administrativo de enajenación, que no consta que haya un documento oficial con un presupuesto de arreglo del vehículo y, por lo tanto, miente el concejal; que no hubo intención de regularizar esa situación, ya que fue el actual gobierno el que descubrió este regalo de patrimonio municipal, y visto que se ha abierto juicio oral en el que se le imputan estos delitos, no le queda más remedio a dicho concejal que presentar su dimisión política, han manifestado desde el Ayuntamiento de Mérida en comunicado de prensa.
El Ayuntamiento solo persigue a aquellos que comenten delitos contra el patrimonio municipal. Atrás quedaron los tiempos de gobierno del partido Popular y de Acedo, en los que se amenazaba a empresarios, periodistas, políticos y representantes de colectivos sociales. Una persecución que se producía no sólo desde las administraciones sino también con dinero público a través de medios de comunicación privados, linchando a esos representantes y a sus familias, asevera el comunicado.
El Ayuntamiento no va a tolerar el ataque a ningún funcionario público de éste Ayuntamiento. El letrado del Gabinete Jurídico es un funcionario con cerca de 40 años de servicio, y su encargo principal, por éste gobierno, es el de defender y velar el patrimonio público del Ayuntamiento y el interés general de esta administración. Por tanto, se acabaron los tiempos en los que se gastaban más de 300.000 euros en una legislatura, en bufetes de abogados externos para perseguir a empleados públicos y a trabajadores, han destacado.
En conclusión, tiene poca credibilidad alguien que reconocía en un audio que su partido compraba votos en las elecciones municipales. La dimisión es su única salida decente, puntualizan para finalizar.
