Osuna condenado por negar documentación a la oposición
Escrito por Redacción Viernes 03 de Junio de 2016 00:00
www.nosolomerida.es | El Jugado Contencioso-Administrativo nº 1 de Mérida ha condenado en firme al Gobierno de Rodríguez Osuna por vulnerar los derechos fundamentales del Partido Popular, al negarle documentación fundamental para realizar su labor de oposición. Se trata de una condena gravísima en Democracia, ya que confirma que la actuación política de los socialistas de Mérida es propia de regímenes totalitarios y radicales.
El PP llevó a los tribunales al Gobierno de Osuna el
pasado mes de enero porque, previamente, el alcalde había desestimado el Recurso de Reposición presentado por el PP en noviembre, en el que se le pedía documentación sobre diversos asuntos. Además, y previo a este recurso, el PP había pedido a Osuna hasta en tres ocasiones dicha documentación. Todo ello, para no tener que llegar a los tribunales, algo que fue inevitable tras el silencio administrativo del alcalde.
Ahora, el juez asegura en el Fallo de la sentencia que el Gobierno del PSOE ha vulnerado el derecho de acceso a la información del PP al negarle documentación sobre la deuda que tiene contraída la Junta de Extremadura con el Ayuntamiento de Mérida y documentación sobre la cesión de un local al Campamento Dignidad.
Por otra parte, el grupo municipal del PP ha pedido al Gobierno explicaciones sobre la pérdida de una subvención de 8 millones de euros por negligencia administrativa del PSOE, junto con documentación relativa a diferentes pagos realizados por la Entidad Local, convenios suscritos por la misma y documentación relativa a múltiples expediente, sobre los que también ha obtenido la callada por respuesta.
Es indefendible esta actuación por parte del equipo de gobierno de Osuna, pues como se está comprobando de forma reiterada incumplen la Ley y mucho más grave un mandato constitucional. El PP manifiesta que lo que tienen claro desde su grupo de la oposición es que, sin ser su intención, seguirán teniendo que recurrir al amparo judicial mientras se siga incumpliendo su derecho a la información de forma reiterada.
