Mérida Participa critica el acuerdo entre la UE y Turquía

Mérida

www.nosolomerida.es | Mérida Participa (MP) quiere expresar su más profundo rechazo al reciente acuerdo firmado por la UE y Turquía, que permite deportar a ese país a todas las personas refugiadas que lleguen a Europa.

Este acuerdo, que comienza su aplicación este domingo día 20 de marzo, siendo mañana 21 cuando se conmemora el Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia. Esta trágica coincidencia representa un ejemplo más de la hipocresía sin límites de una Europa que salva a los bancos y se olvida de rescatar a las personas.

MP considera que se trata de un acuerdo inmoral, éticamente vergonzoso e inaceptable desde el punto de vista jurídico, ineficaz para resolver la crisis humanitaria que vivimos y, además, que se acerca más a la xenofobia y al racismo del Frente Nacional de Le Pen que a la Europa social, democrática y respetuosa con los Derechos Humanos que todos y todas queremos. Prueba de ello es el contraste entre la insolidaridad de unos gobernantes y el clamor de gran parte de la ciudadanía europea que exige un alto a este acuerdo. De nuevo, las instituciones van contra el sentir mayoritario de la gente.

A nivel local, ponen en valor, el papel fundamental del Centro de Acogida de Refugiados de CEAR en Mérida, -cerrado en 2010-, y que durante una década situó a Mérida como un referente a nivel nacional en ayuda y acogida de personas refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes vulnerables. La labor de este centro, hasta su cierre, desarrolló importantes labores de sensibilización, acogida, integración sociocultural y defensa de los  Derechos Humanos.

Desde Mérida Participa solicitan a las autoridades locales y regionales, a que no se hagan sólo actuaciones cosméticas  el Día Mundial Contra el Racismo y la Xenofobia, especialmente ante la actual situación de los refugiados en Europa, y que de forma inmediata desarrollen cuantas acciones les sean de su competencia, especialmente en materia de sensibilización social, y acogida, además de que insten al Gobierno Central a que desarrolle una política de acogida respetuosa con los Derechos Humanos y los tratados internacionales que España ha suscrito.

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