IU-Mérida considera que el procedimiento empleado para la realización de alegaciones de la nueva ponencia puede producir indefensión
Escrito por Redacción Viernes 17 de Julio de 2015 19:52
www.nosolomerida.es | Izquierda Unida-Mérida considera las condiciones establecidas por la Gerencia Regional de Catastro en Extremadura para la realización del trámite de alegaciones a la nueva ponencia catastral puede llegar a producir situaciones de indefensión que imposibiliten que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante la administración.
Las condiciones establecidas por la Gerencia Regional del Castastro en Extremadura para
la apertura del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia de valores dificulta en gran medida el ejercicio efectivo de los derechos del ciudadano que el propio procedimiento pretende amparar.
Así, el hecho de que la consulta y realización de los datos referidos a la ponencia pueda realizarse únicamente en la sede de la gerencia en la ciudad de Badajoz, la limitación del plazo a una extensión de 10 días, y únicamente en horario de mañana, supone una larga serie de trabas para todos aquellos ciudadanos que quieran informarse de la situación catastral de su vivienda, y posteriormente reclamar en caso de no mostrarse de acuerdo con los valores propuestos hasta la fecha.
Los motivos legales aducidos por la gerencia para establecer estas limitaciones nos producen cierta extrañeza desde el momento en el que la legislación que regula estos extremos se encontraba en vigor en el momento en el que se tramitó la ponencia anterior, para cuya tramitación el acceso a los datos se facilitó desde las propias dependencias municipales del Ayuntamiento de Mérida.
A estas circunstancias debemos sumarle el hecho por el que cada interesado verá limitado su derecho de acceso a sus propios datos, sin poder consultar la situación de los valores asignados a los inmuebles similares a los propios, lo que en definitiva reduce los márgenes del interesado para la valorar la idoneidad de la valoración que se le ha asignado a su vivienda o inmueble, al carecer de otros elementos de comparación.
Este hecho adquiere especial relevancia desde el momento en el que una de las principales irregularidades detectadas en la realización de la ponencia vigente en la actualidad fue precisamente la asignación de valoraciones absolutamente dispares a inmuebles que por sus características debía disfrutar de valoraciones idénticas o muy similares.
En definitiva, las condiciones y requisitos establecidos para la consulta de los valores propuestos en la nueva ponencia tienen como consecuencia la imposibilidad de que los vecinos de nuestra ciudad puedan hacer valer sus derechos ante la administración en un procedimiento que afecta a impuestos tan relevantes como el IBI, o aquellos que gravan la venta o transmisión de viviendas o cualquier otra clase de inmueble.
Por todo ello, instamos al equipo de gobierno a que adopte las medidas oportunas para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.
