Acedo gasta en asistencia jurídica a empresas privadas más de 134.000 €
Jueves 05 de Febrero de 2015 10:38
www.nosolomerida.es | Izquierda Unida-Mérida afirma que el Ayuntamiento ha contratado servicios de asistencia jurídica a la empresa Atrium Abogados por valor de 134.698,71€ durante el periodo comprendido entre junio de 2011 hasta 11 de diciembre de 2014.
La contratación de este tipo de servicios por parte de una administración pública carece de
justificación debido a que los servicios jurídicos municipales cuentan al menos con seis letrados dedicados exclusivamente a la delegación de Gabinete Jurídico, al margen de las funciones que de asistencia jurídica que realizan los técnicos adscritos a la diferentes delegaciones municipales en cada uno de sus ámbitos de actividad.
Así, el equipo de gobierno justifica la utilización de este tipo de servicios debido al “elevado volumen de trabajo que tenía el Gabinete Jurídico”, un razón que al menos provoca nuestra extrañeza dado el notable descenso que ha sufrido la actividad administrativa, en paralelo a la situación de paralización económica que sufre nuestra ciudad en los últimos años.
Esta cantidad no comprende otros gastos como son los asociados a la representación legal en los recursos que ha interpuesto el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJ que declaró la improcedencia de los despidos de empleados municipales que tuvieron lugar en abril de 2013.
La cifra y las explicaciones facilitadas desde la delegación de Gabinete Jurídico adquieren su verdadera naturaleza si tenemos en consideración que buena parte del gasto señalado se debe a procedimientos provocados por decisiones del propio equipo de gobierno, como el despido de 28 trabajadores, que ha supuesto un desembolso de al menos unos 62.000 para las arcas municipales en concepto de la repersentación legal ejercicida por Atrium Abogados.
En este orden de cosas, el importe gastado por el Ayuntamiento por este concepto durante el gobierno del PSOE alcanzó la cifra de 249.491,84€, es decir, un 47% más que la cifra gastada por el PP durante esta legislatura.
Este tipo de prácticas supone una privatización ímplicita de fuciones propias de los empleados públicos que sólo benefician a las empresas privadas que son contratadas por el Ayuntamiento, sobre todo si tenemos en cuenta los resultados obtenidos al respecto.
En ambos casos, entendemos que la contratación de empresas privada para la realización de tareas que pueden ser asumidas con normalidad por los empleados municipales supone un despilfarro de recursos públicos difícilmente justificable en un escenario de restricciones presupuestarias y crisis económica, así como un insulto hacia la profesionalidad de las personas que desempeñan sus funciones en la administración municipal.
