Mentiras, coste político.

Opinión - Víctor Rodríguez



OPINIÓN | En agosto de 2009 la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acusó al Gobierno de haber utilizado en muchas ocasiones los aparatos del Estado en beneficio propio y en contra del Partido Popular. Al día siguiente las principales asociaciones de jueces y sindicatos policiales le reclamaron que aportara todo tipo de pruebas que atestiguaran su denuncia sobre una supuesta utilización de los aparatos del Estado. . No retiró, ni rectificó sus declaraciones en el acto de conciliación celebrado en febrero 2010 como consecuencia de la demanda presentada por la plataforma ciudadana Facebook.

El pasado 27 de enero Cospedal dijo que el PSOE de Castilla-La Mancha podría haber utilizado dinero público para contratar detectives privados que persigan a los populares manchegos sin aportar pruebas. Los socialistas la han citado a un acto de conciliación para que reconozca que los acusó sin pruebas. “No iré al juez porque el espionaje que denuncio no es ilegal”, ha manifestado Cospedal.

Mientras tanto, la secretaria general del PP reclama todo tipo de datos y explicaciones al vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el “caso Faisán”

Tanto las acusaciones de 2009 como las del 2011 son gravísimas, pero sendas tienen visos de que quedar impunes por la vía judicial. Sin embargo, por la vía política sabemos el coste político de las mentiras del 11M.

 

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