Extremeños en Defensa de los Derechos Civicos se autoinculpan por sedición

Extremadura

www.nosolomerida.es | Un grupo de personas, integrantes del Grupo Extremeño en Defensa de los Derechos Cívicos, se autoinculpa por los mismos delitos que han llevado a la cárcel a varios conocidos activistas catalanes en un acto de desobediencia noviolenta frente a la represión del estado y en protesta contra una sentencia que consideran que vulnera los derechos civiles básicos de toda la ciudadanía española.

Un grupo de personas, integrado por conocidas activistas de diferentes movimientos sociales y culturales de Extremadura, han presentado esta mañana en los juzgados de Jarandilla de la Vera,  Badajoz y Mérida, una denuncia por sedición contra sí mismas declarándose culpables de haber cometido los mismos hechos que han motivado la condena a penas de nueve años de cárcel a los conocidos activistas catalanes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. En el texto, los y las denunciantes se acusan a sí mismas al considerar que han cometido en numerosas ocasiones los hechos que han sido considerados como delito de sedición por parte del Tribunal Supremo en la sentencia contra el Procés que consisten básicamente en “hacer llamamientos a la interposición noviolenta como forma de resistencia contra cargas policiales u órdenes judiciales que se consideren injustas”. Estas personas han declarado también que “la libertad de expresión y la desobediencia civil son derechos cívicos básicos y que están siendo perseguidas y criminalizadas, mientras que la justicia se convierte cada vez más en un poder menos independiente, que lleva a que causas por corrupción o por delitos de guante blanco (evasiones millonarias, estafas a la Hacienda pública, malversación de fondos públicos, falsedad documental …) sigan tratándose muchas veces con manifiesta impunidad, hasta el punto de ignorar pruebas como anotaciones a nombre de M. Rajoy, por citar sólo un caso” a la par que los acciones en defensa de lo común son criminalizadas.

Este grupo de activistas, como parte de la sociedad civil extremeña que son, aclaran que este acto de desobediencia no ha de entenderse necesariamente ligado a la cuestión territorial sino que es un acto de defensa a los derechos civiles básicos del conjunto de la ciudadanía española. Por esta razón, añaden que “volverán a autoinculparse nuevamente cuando sea necesario solidarizarse con nuevas víctimas de la represión que pueda generar las tendencias punitivistas de un Estado cada vez más autoritario”.

La autoinculpación es una acción noviolenta que se basa en un principio de desobediencia civil expresado por Henry David Thoreau que dice que si un gobierno encarcela a personas justas, el lugar de toda persona justa es la cárcel.

Esta acción se enmarca en la campaña estatal en repulsa de la sentencia de los juicios del 1-O que ha llevado ya a la autoinculpación de más de 10.000 personas en todo el Estado. A lo largo de esta semana se producirán además más autoinculpaciones en diferentes lugares de la geografía española, empezando mañana 17 de diciembre en Madrid.


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