El proyecto de Real Decreto de vertederos de Teresa Ribera no soluciona el problema del vertido de residuos
Escrito por Redacción Miércoles 16 de Octubre de 2019 00:00
www.nosolomerida.es | Según un análisis de Ecologistas en Acción, el proyecto de Real Decreto de vertederos del gobierno de Pedro Sánchez no supone un avance real respecto a la situación del vertido de residuos en el Estado español.
Aunque traspone formalmente el objetivo de reducción del vertido de residuos
municipales al 10 % en 2035 impuesto por la Directiva europea, no escala ese objetivo y no impone objetivos intermedios para 2025 y 2030.
El proyecto de Real Decreto tampoco concreta qué se debe entender por estabilización de la materia orgánica antes de depositarla en un vertedero, no prohíbe expresamente el vertido de residuos reciclables o biodegradables, ni impone un impuesto homogéneo para todo el Estado.
Ecologistas en Acción ha elevado un conjunto de 29 observaciones y sugerencias al proyecto de Real Decreto de modificación del RD 1481/2001, que regula el depósito de residuos en vertederos. Ese proyecto, elaborado por el equipo de la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no supone un avance significativo respecto a la regulación actual.
En términos reales se está depositando en vertedero cerca del 70 % de los residuos municipales generados anualmente. Según Eurostat, en 2016 se vertieron un 56,7 % de los residuos municipales generados en el Estado español, a los que habría que sumar un porcentaje significativo de lo que actualmente se considera reciclado, como es el material bioestabilizado resultante del compostaje, que también se deposita en vertedero en su mayor parte, y que a partir de 2027 ya no se podrá contabilizar como reciclado.
El proyecto de Real Decreto exige un tratamiento previo de los residuos antes de su vertido, pero lo limita a una clasificación y una estabilización de la fracción orgánica de los mismos. Sin embargo, no define lo que se considera 'estabilización', que se pospondría a la aprobación de una futura orden ministerial en el plazo de dos años.
La estabilización de la materia orgánica, cuando existe, en las plantas de tratamiento mecánico-biológico se reduce a su paso por los túneles de compostaje durante pocas semanas. Esto conlleva una maduración posterior mínima y su rápido traslado a vertedero, ya que -como proviene de la recogida en bruto de los residuos- no tiene una salida comercial como fertilizante debido a su pésima calidad (gran cantidad de impropios, plásticos, vidrio, etc). La emisión de gases de efecto invernadero (GEI) continuará durante muchos años después de su vertido.
Además, el proyecto no prohíbe el vertido de los residuos reciclables ni el vertido de residuos biodegradables. En 2014 se vertieron más de 6 millones de toneladas de residuos sin recibir ningún tipo de tratamiento previo según el PEMAR y actualmente lo hacen el 50 % de residuos en las Islas Canarias, el 30 % en la Comunidad de Madrid y otras comunidades.
Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: "Hay que tener en cuenta que ese vertido es el responsable de la emisión de potentes gases GEI, como el metano, unas 34 veces más potente que el dióxido de carbono, durante más de 30 años después de la clausura del vertedero".
Según el Registro Estatal PRTR, en 2017 los más de 200 vertederos legales en el Estado español emitieron 145.000 toneladas de metano, que corresponden a casi cinco millones de toneladas de CO2 equivalentes, y casi un millón de toneladas de CO2 de emisión directa. Es decir, un total de unos 6 millones de toneladas de GEI, a lo que habría que sumar las emisiones de los vertederos ilegales.
El proyecto de Real Decreto traspone formalmente la Directiva (UE) 2018/850, de 30 de mayo y adopta el objetivo de un vertido máximo de los residuos municipales del 10 % en 2035, pero sin escalar ese ambicioso objetivo con objetivos intermedios para 2025 y 2030. "Teniendo en cuenta que partimos de un vertido real actual del 70 % será muy difícil alcanzar el objetivo europeo en 2035 sin hacer aproximaciones previas", ha matizado Arribas.
Por otro lado, dicho proyecto no impone un impuesto único para todo el Estado al vertido de residuos, como ha recomendado la Comisión Europea a España repetidas veces durante los últimos años. Este impuesto mejoraría la tasa de preparación para la reutilización y el reciclaje, a los países en riesgo de incumplir el objetivo del 50 % para 2020.
Aunque hay comunidades autónomas que ya tienen implantada una tasa para el vertido, la mayor parte no la tienen y es fundamental que exista una tasa armonizada para evitar el traslado de residuos de una comunidad a otra que tenga una tasa más baja. Según Ecologistas en Acción, esa tasa debería formar parte de la legislación básica y aplicable a todas las comunidades.
