El octavo aniversario de Fukushima recuerda los enormes riesgos de la energía nuclear
Escrito por Redacción Lunes 11 de Marzo de 2019 00:00
www.nosolomerida.es | Cuando se cumplen siete años del accidente de Fukushima-Daiichi, los efectos del escape radiactivo siguen sin estar bajo control. Todavía queda el difícil trabajo de desmantelar los reactores y gestionar los abundantes residuos radiactivos
producidos.
Ecologistas en Acción quiere denunciar en este aniversario la ampliación del calendario de cierre nuclear entre 2025 y 2035 acordado por el Gobierno español con las tres principales empresas eléctricas.
Se cumplen siete años del accidente de Fukushima-Daiichi y los efectos de la fuga radiactiva siguen sin estar controlados. En particular, las 800.000 toneladas de agua radiactivas que se acumulan en el entorno de la central.
Las autoridades japonesas están descontaminando el suelo del entorno de la central nuclear de Fukushima de forma parcial, dejando niveles de radiactividad demasiado altos: más de 20 veces los niveles permitidos para el público en localidades como Litate, que ya sufrieron los efectos de la nube radiactiva. El coste de al accidente supera los 80.000 millones de euros, duplicando el cálculo inicial del Gobierno japonés. Se calcula que habrá que gestionar más de 900.000 toneladas métricas de agua radiactiva que se bombea del subsuelo para reducir la contaminación.
Todavía queda pendiente la tarea de desmantelar los reactores accidentados y de gestionar los residuos de alta actividad que se producirán. Los daños sufridos por los núcleos de los reactores convierten esta labor en una operación de alto riesgo al límite de las posibilidades de las tecnologías actuales.
Ecologistas en Acción quiere denunciar en este aniversario la ampliación del calendario de cierre nuclear entre 2025 y 2035 acordado por el Gobierno español con las tres principales empresas eléctricas, lo que supondría que todos los reactores pasaran de 40 años de funcionamiento y, en algún caso, hasta los 50. Una propuesta inadmisible. La prolongación de los permisos de funcionamiento implicará costosas y complejas revisiones de seguridad que forzarán a las empresas eléctricas a invertir miles de millones de euros que, sin duda, repercutirán sobre el precio de la electricidad.
Este alargamiento aumentará además el volumen de residuos de alta actividad, en razón de unas 175 toneladas al año, sin que exista un método aceptable para la gestión definitiva. Lo mismo ocurre con la producción de residuos de media y baja actividad que no cabrán en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba).
Para Ecologistas en Acción es muy grave que en esta decisión no haya existido ningún informe que avale la seguridad de cada central nuclear más allá de los 40 años. De nuevo los criterios económicos priman sobre la seguridad nuclear. Una muestra clara es la pugna entre las empresas propietarias que unen el cierre nuclear exclusivamente a sus balances económicos y a la rentabilización de los activos de las compañías eléctricas.
Por todo ello, la organización ecologista manifiesta su rechazo al calendario de cierre publicado e insiste en reclamar el cierre de las nucleares según vayan expirando sus permisos de explotación, de tal forma que en 2024 el país se encuentre libre de esta amenaza. Una posición que ha sido manifestada en las diversas actuaciones que han tenido lugar durante la pasada semana y a lo largo del día de hoy en Tarragona, Xixón, Córdoba, Málaga, Sevilla y Madrid, donde se han plantado distintos árboles (cerezo, almendro y ginkgo) en homenaje a todas las personas que a día de hoy siguen sufriendo las consecuencias del accidente.
En el marco de este homenaje se presentará en Madrid el mediometraje La fuga radiactiva, una película de ficción que muestra las consecuencias que podría tener el emplazamiento de residuos radiactivos en Villar de Cañas (Cuenca).
