CCOO muestra su indignación con el fallo del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de las hipotecas

España

www.nosolomerida.es | El sindicato lamenta el fallo del Tribunal Supremo que defrauda miles de esperanzas. La Justicia ha decantado la balanza hacia los sectores más poderosos y pone en solfa su independencia. Este fallo supone una quiebra de la confianza ciudadana en la Justicia.

Tras dos días de deliberación el Tribunal Supremo ha dado marcha atrás para, ignorado su último fallo, recuperar la doctrina a la sentencia del 18 de octubre. En una decisión que supone un vuelco en la jurisprudencia y un varapalo para la necesaria seguridad jurídica. El Alto Tribunal ha fallado que será la ciudadanía, menos influyente, quien tendrá que afrontar el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD)

Además de suponer un ataque a la independencia judicial, la decisión genera incertidumbre, inquietud y desconfianza en la ciudadanía respecto a la Justicia. Justo el efecto contrario al que deben ofrecer Instituciones como el Tribunal Supremo en un Estado de Derecho. La seguridad jurídica es un valor inquebrantable para mantener la cohesión y la confianza ciudadana.

CCOO hace un llamamiento a todas las instituciones, a los partidos políticos y otras organizaciones a hacer una reflexión sobre la independencia judicial y entiende que se debe enjugar la mala imagen ofrecida por la Justicia que hoy decanta la balanza a favor de las exigencias de los grandes poderes económicos del país.

La igualdad ante la Ley debe ser un principio irrenunciable de nuestro ordenamiento como mandato constitucional. Jueces y tribunales deben mantener con pulcritud una imagen alejada de influencias y componendas. La confiabilidad del sistema está en ello.

Desde CCOO exigimos leyes en favor de la ciudadania frente a los lobbys empresariales. Lo que ya es inevitable es que hoy muchos trabajadores y trabajadoras, vean frustradas sus esperanzas de tener más cercano el acceso a una vivienda digna. El fallo es un paso atrás en este principio constitucional. La vivienda seguirá siendo coto vedado a especuladores.

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