CCOO propone rediseñar la formación profesional

España

www.nosolomerida.es | El sistema de formación para el empleo deja fuera a las PYME y a sus trabajadores y trabajadoras, según pone de relieve el informe de CCOO que analiza la situación y evolución de la formación bonificada en las empresas. A juicio del sindicato, es necesario acercar la formación profesional para el empleo a todas las empresas, sea cual sea su tamaño, y que así llegue a todas las plantillas en igualdad de condiciones. Garantizar una formación útil, supone respetar los derechos de información y consulta previa de la representación de los trabajadores, por lo que CCOO insta a que se arbitren los mecanismos necesarios que garanticen estos derechos regulados tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Ley de Formación Profesional para el Empleo.

Durante el ejercicio 2017 se ha producido un descenso del 3% del número de empresas, todas ellas pequeñas y medianas, con formación bonificada. Se confirma de esta manera la tendencia de los últimos años que constata, tal y como viene denunciando CCOO, que la reforma de 2015 atrae a la gran empresa y abandona a las más pequeñas, que tienen mayores dificultades de adaptación a los cambios.

El informe de CCOO “Formación programada por las empresas en las Comunidades Autónomas”, en el que se analiza la situación y evolución de la formación bonificada en las empresas en todo el territorio español durante el ejercicio 2017, a partir de datos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), pone también de relieve que, si se observa la situaciónpor CCAA, existe una gran disparidad. En términos globales, el 21,20% de las empresas bonifican sus costes de formación, afectando al 31,7% del conjunto de asalariados y asalariadas del sector privado. Sin embargo, hay territorios como Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta o Melilla donde esta iniciativa apenas da cobertura al 25% de trabajadores y trabajadoras. Por encima de este porcentaje medio se sitúa en primer lugar Madrid, con una tasa del 42,4% o Cataluña, Navarra y Euskadi, donde más del 35% de la población asalariada participa en este tipo de iniciativas formativas.

Al respecto de estos datos, Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional, señala que “tenemos que trabajar desde el seno de las empresas para extender la cultura de la formación y ampliar el acceso a la formación en aquellas áreas geográficas donde las personas trabajadoras apenas reciben formación en sus empresas, dando cumplimiento al derecho a la formación de todas las plantillas”. Asimismo, la falta de control y capacidad reguladora para garantizar una formación útil, que responda a las necesidades de crecimiento de la empresa y a la promoción profesional de las personas trabajadoras, hace más necesario que nunca garantizar los derechos de participación y consulta previa a la representación de los trabajadores y trabajadoras. Por ello, CCOO insta a que se arbitren los mecanismos necesarios que garanticen el derecho de información y consulta regulado tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Ley de Formación Profesional para el Empleo. “El derecho a la bonificación solo nace con la garantía y respeto de los derechos legalmente reconocidos de intervención y participación sindical en la empresa”, subraya Lola Santillana.

Según CCOO, tampoco parece que exista igualdad en las oportunidades de accesoa la formación, sobre todo en los colectivos de mujeres, trabajadores de baja cualificación y mayores de 45 años. Murcia, Castilla-La Mancha y Ceuta presentan las tasas de participación de la mujer más bajas de todo el Estado, entre el 36 y el 38%, frente a una media nacional del 44%. En Baleares, por el contrario, el 48% de las personas que reciben formación en el seno de la empresa son mujeres. Canarias y Madrid también tienen porcentajes de participación femenina muy elevados.

El informe refleja asimismo que existe una relación directa y unívoca entre la formación a distancia y la micropyme. En aquellas comunidades en las que la presencia de esta en el sistema de formación es mayor se da, a su vez, un porcentaje superior de participantes en teleformación y con una duración media mayor. En Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla y también Castilla-La Mancha la teleformación tienen una importancia mucho mayor que en el resto de comunidades, entre el 44% y el 27% de trabajadores y trabajadoras, frente a un 24% de media. Por el contrario, la formación presencial está más consolidada en Madrid, Navarra, Baleares, Euskadi y Aragón, comunidades con unas tasas de cobertura de personas trabajadoras superiores a la media y donde el porcentaje de participantes de la gran empresa es también superior.

En lo que sí existe uniformidad es en el contenido de las acciones formativas. En todas las comunidades predomina la formación transversal, olvidando el carácter específico que determina y caracteriza el origen y naturaleza de la financiación de la formación en la empresa. Prácticamente en todas ellas, la mitad de trabajadores y trabajadoras reciben formación relacionada con seguridad y medio ambiente y con administración y gestión, seguidas de materias relacionadas con el comercio y márquetin.

CCOO llama la atención además del continuo descenso de Permisos Individuales de Formación (PIF), tanto en el número de los que se conceden como en su duración, que apenas alcanza las 74 horas, muy por debajo de las 200 horas que recoge la norma. El 37% de estos permisos están concentrados en Madrid y Andalucía. Sin embargo, la duración es muy dispar: en Madrid es de 67 horas frente a las 113 de Andalucía, comunidad donde presenta la duración más larga junto a Melilla (123 horas).

En opinión de Lola Santillana, “la situación para los trabajadores y trabajadoras de las PYME no es esperanzadora. Es incuestionable que hay que rediseñar la formación profesional para el empleo y acercarla de una vez por todas a estas empresas y a sus trabajadores y trabajadoras que en la práctica están siendo expulsados del sistema”. “Se debe incluir y facilitar la formación a todas las empresas de todos los tamaños y que alcancen a las plantillas en igualdad de condiciones. Es obligación de sindicatos, empresarios y del propio Gobierno reflexionar sobre la mejor vía para hacer llegar la formación hasta las PYME y sus trabajadores y trabajadoras”. Garantizar una formación útil, supone también respetar los derechos de información y consulta previa de la representación de los trabajadores, por lo que CCOO insta a que se arbitren los mecanismos necesarios que garanticen estos derechos regulados tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Ley de Formación Profesional para el Empleo.

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