El Juzgado de lo Contencioso de Mérida falla en contra del recurso interpuesto por el Grupo Municipal de IU

Mérida

www.nosolomerida.es | El pasado 4 de Junio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 de Mérida y en respuesta al recurso interpuesto por Izquierda Unida por dar licencia de obras para la construcción de cuatro gasolineras en varios puntos de la ciudad, incumpliendo gravemente las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana contra las Resoluciones dictadas por Delegado de Urbanismo, fallaba desestimar el recurso administrativo presentado por Álvaro Vázquez Pinheiro contra dichas Resoluciones por considerarlas acorde a derecho mediante sentencia.

En este sentido, se evidencia una vez más que el equipo de Gobierno, dicta las resoluciones de acuerdo con los procedimientos y normas legales ajustándose a ley en todo momento sin atender a intereses de terceros cualesquiera que sean. Mediante este recurso, no sabiendo con qué intereses, IU pretendía la nulidad de las actuaciones y en consecuencia la demolición de obras realizadas y la subsiguiente indemnización a los empresarios emprendedores que acometieron las inversiones.

IU ha tenido en todo momento acceso a los expedientes así como han sido respondidas todas las cuestiones planteadas al respecto en virtud de la transparencia que este gobierno lleva a efecto en todo momento.

Queda demostrado una vez más, que por parte del Equipo de Gobierno y en este caso su Delegado de Urbanismo, que no existió negligencia como era pretendido por IU, sino que todo el procedimiento se ha seguido atendiendo escrupulosamente a la legislación y a los procedimientos legales establecidos. Es lamentable que sea IU Mérida quien abogue por la destrucción del empleo generado por estas cuatro empresas y esté dispuesta a que esta administración incurriera en unos costes extraordinarios con tal de dañar al adversario político. No todo es válido en política.

Desde el equipo de Gobierno apuestan por la creación de empleo e industrias en la ciudad facilitando cuantos trámites administrativos sean necesarios desde el escrupuloso cumplimiento de la ley  sin servir a intereses de terceros sino al beneficio de la ciudadanía.



 

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