ADECEX, OTECAS Y PHA hacen llegar sus propuestas a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 20N

Extremadura

www.nosolomerida.es | Educación | Homologación | Las tres organizaciones piden a los partidos políticos que pongan en valor los derechos de homologación real, tal y como se exige con las obligaciones.

La Asociación de Docentes de la Enseñanza Concertada de Extremadura (ADECEX), junto con la Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de Asturias (OTECAS) y la Plataforma por la Homologación de Andalucía (PHA) les hacen llegar a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre la propuesta que se refiere a continuación, que ha sido fruto de un proceso amplio de elaboración y debate por parte de los activos de las tres organizaciones señaladas, para que la valoren de cara a su incorporación en los respectivos programas.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La Constitución de 1978 estableció un marco educativo que fue desarrollado con sucesivas leyes que, si bien cada una de ellas tenía la impronta del partido del Gobierno, contienen elementos comunes:

*La universalización de la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años, y que la prestación de dicho servicio público educativo será realizada por los centros públicos y privados concertados.

*La responsabilidad de los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación.

*El principio de igualdad de oportunidades para todo el alumnado, con independencia de sus condiciones y circunstancias.

*Normas de convivencia basadas en los principios de libertad y tolerancia, que garantizan el pluralismo educativo y la equidad.

*Homologación de las condiciones laborales y salariales del profesorado del servicio público educativo.

Teniendo en cuenta lo establecido por las leyes anteriormente referidas, ADECEX, OTECAS y PHA participan de la idea sobre las obligaciones que los centros privados concertados tienen contraídas por ser integrantes del servicio público educativo. En este sentido explicitamos las siguientes:

*Ofrecer una enseñanza sin exclusiones, conforme a la normas sobre escolarización establecidas para todos los centros del servicio público educativo.

*Garantizar la gratuidad en las enseñanzas objeto de concierto.

*Someter la gestión de los fondos públicos al control de los órganos correspondientes (Consejo Escolar, Delegaciones de Educación, Inspección, etc.)

*Procurar que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo, compensando las desigualdades y prestando especial atención a quienes tengan una necesidad específica de apoyo educativo.

*Propiciar la formación continua del profesorado ligada a la práctica educativa.

PROPUESTA PROGRAMÁTICA

Primera.-Asegurar que los Presupuestos Generales del Estado contemplen que los Módulos de Concierto cubran el coste real de la prestación del servicio educativo al menos en los siguientes aspectos:

*Calendario de homologación de la remuneración del personal docente de los centros concertados con la del profesorado público de las respectivas etapas en todos los conceptos retributivos.

*Pago de las funciones directivas-temporales que son similares.

*Incremento del Módulo que permita la equiparación retributiva del personal titulado complementario no docente, auxiliar técnico educativo y de administración y servicios con sus homólogos de los centros públicos.

*Incremento de las ratios profesor/unidad homologables a los centros públicos.

Segunda.-Garantizar a todo el alumnado:

*Las mismas posibilidades para adherirse a los programas educativos que establezcan las distintas administraciones.

*Los recursos materiales y personales necesarios para alcanzar el máximo desarrollo y hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Tercera.-Velar por el cumplimiento de las leyes en lo que hace referencia a:

*Gratuidad de la enseñanza.

*Escolarización.

*Contratación del profesorado.

*Gestión transparente y control de los fondos públicos.

Las tres organizaciones constatamos como desde que la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación fue publicada en el BOE de 4 de julio de 1985, las distintas Administraciones con competencias en Educación han venido haciendo especial hincapié en las obligaciones del personal que presta el servicio público de la educación en los centros privados concertados; sin embargo, este celo no ha tenido su correlato con la aplicación de los derechos, especialmente referidos a la homologación de las condiciones laborales y salariales, que las distintas leyes educativas han venido recogiendo en su texto articulado. Pedimos a los partidos políticos que pongan en valor  los derechos de homologación real, tal y como se exige con las obligaciones.


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