La aprobación del CETA, una mala noticia para los ciudadanos

España

www.nosolomerida.es | El Parlamento Europeo finalmente ha ratificado hoy el acuerdo entre la UE y Canadá (CETA). Un tratado comercial que es insuficiente, con muchas incertidumbres legales y en el que los derechos de los trabajadores siguen sin estar suficientemente protegidos. El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que este tratado comercial representa una pérdida de soberanía, no solo para España sino para el conjunto de la UE y supondrá la pérdida, a medio plazo, de decenas de miles de puestos de trabajo.

El CETA ha sido aprobado con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones y con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE), Liberales (ALDE), Conservadores y Reformistas (ECR) y un voto divido según delegaciones nacionales en el seno de Socialistas y Demócratas (S&D). Es llamativo y decepcionante el voto del PSOE a favor del CETA, en línea con el PP y otros partidos del grupo liberal.

Aunque ha habido intentos para alcanzar mejoras del CETA usando el instrumento interpretativo conjunto y las 38 declaraciones unilaterales del Consejo, de la Comisión y de los Estados miembros, estas mejoras apenas han cambiado los contenidos y el tratado de libre comercio sigue siendo injusto y desigual, pensado sobre todo para preservar los intereses de las grandes corporaciones y atendiendo a los esfuerzos de liberalización de la Comisión Europea.

El sindicato no ha dejado de promover acciones, a lo largo del tiempo y hasta el último momento, para tratar de convencer a los eurodiputados sobre los efectos negativos del CETA.

¿Por qué rechazamos el CETA?

Este tratado se olvida de salvaguardar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los consumidores y de las consumidoras y de la ciudadanía, en general.

No asegura el empleo, ni las condiciones del mismo.

No asegura los servicios públicos (que deberían ser definidos de manera más amplia y quedar lo suficientemente protegidos ante los mercados mediante una cláusula específica).

Es problemático y confuso en cuanto  a la protección de las inversiones y la resolución de disputas inversor-Estado (ISDS/ICS). En los estados democráticos constitucionales no se requieren derechos especiales para los inversores privados, por lo que no es necesario establecer un Tribunal de Inversión Especial.

No  descarta, de forma expresa, que los estándares sociales, laborales y medioambientales puedan ser interpretados como barreras al comercio.

No  establece un  mecanismo de sanciones legales que castigue las infracciones de la legislación laboral y medioambiental.

No  garantiza el  principio de precaución europeo (la inocuidad de los productos debe ser demostrada antes de su aprobación), que no está especificado ni en el texto del acuerdo, ni en la explicación adicional.

Por tanto, muchos de sus contenidos deberían haberse mejorado y persisten incertidumbres legales, tal y como trasladó por carta UGT a los miembros del Parlamento Europeo el pasado 10 de febrero.

UGT siempre ha defendido un comercio justo que cree riqueza y progreso igualitarios, y unas relaciones comerciales que respeten normas justas y democráticas, algo que el CETA no hace

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