IU-Mérida solicita al Ayuntamiento que investigue la utilización de voluntarios en la guardería municipal de Las Abadías

Mérida

www.nosolomerida.es | Izquierda Unida-Mérida ha solicitado la apertura de un expediente informativo ante la Delegación de Contratación y Patrimonio para aclarar posibles incumplimientos en la gestión de la guardería municipal Las Abadías.

Según un anuncio publicado por la Plataforma del Voluntariado de Mérida y que citaba una solicitud de Mensajeros por la Paz, en la cual esta organización pretende emplear voluntarios para el desarrollo de actividades propias de la gestión de la guardería que le fue adjudicada el pasado mes de octubre.

La contratación de voluntarios para el desempeño de este tipo de tareas es contrario a la legislación, dado que la finalidad de la gestión de este contrato es estrictamente empresarial, y por tanto dedicada a la obtención de un beneficio económico.

Esta situación vulnera los dispuesto en el pliego de condiciones administrativas, en el que se recoge la obligación del adjudicatario de contratar al personal necesario para el desempeño de las obligaciones vinculadas con el objeto de la concesión..

En estos términos, La Ley del Voluntario de Extremadura señala expresamente la prohibición de esta práctica, tal y como recoge el artículo 2.1.c) en el que se dispone que: “La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido”.

El hecho de que el anuncio se haga públicamente a través de la página web y las redes por parte de esta organización, sin que hasta la fecha tengamos conocimiento de ningún tipo de actuación por parte de la administración municipal, pone de manifiesto la incompetencia del Ayuntamiento a la hora de garantizar el cumplimiento de la ley en la ejecución de los contratos y concesiones públicas.

Por todo ello, exigimos a la delegación de contratación que en virtud de las competencias que le atribuye la legislación, y en ejercicio de su deber de inspección y, inicie un expediente para determinar las posibles infracciones y sanciones que -en su caso- debieran imponerse, incluido el rescate del servicio y la finalización del contrato.

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