IU-Mérida acusa al Ayuntamiento de no tramitar el expediente sancionador contra FCC

Mérida

www.nosolomerida.es | Izquierda Unida-Mérida acusa al gobierno municipal de no tramitar el procedimiento sancionador contra FCC, tras cuatro meses desde el registro del escrito de iniciación.

Durante el mes de octubre, Izquierda Unida-Mérida solicitó a la administración municipal la apertura de un expediente sancionador contra FCC por incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por la empresa como responsable de la gestión de los servicios de recogida de basura y conservación y mantenimiento de las zonas verdes de nuestra ciudad.

Estos hechos ponen de manifiestos la falta de diligencia del gobierno municipal a la hora de hacer cumplir las obligaciones que impone el contrato a FCC, y que tan sólo beneficia a la empresa, a la vez que incumple la obligación de resolver los procedimientos administrativos a la que alude el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas, y la regulación sobre el ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades locales.  

El procedimiento que IU-Mérida inició frente al Ayuntamiento en el mes de octubre encuentra su causa en la omisión del deber de información en que incurrió la empresa, al no facilitar los datos que se les solicitó sobre el número de empleados que constan en su plantilla.

Debemos recordar, que en el último tramo de la legislatura anterior, el comité de empresa de FCC en Mérida denunció ante el anterior alcalde y el resto de las fuerzas de la oposición que –presuntamente- la empresa contaba en plantilla con un número de trabajadores inferior al que estaba obligado según las condiciones del contrato, y que esta era una de las causas que motivaban el lamentable estado de falta de limpieza que sufre la ciudad.

Esta circunstancia tiene el agravante de que la empresa podría estar cobrando por un número de trabajadores inferior al que de hecho tiene contratados, lo que pueden deducirse responsabilidades más allá del ámbito estrictamente administrativo.

Desde aquí debemos recordar a los responsables municipales las  obligación que les impone la ley de tramitar los procedimientos iniciados a instancia de parte, a la vez que les exigimos que defiendan los intereses de la ciudad, exigiendo a FCC el cumplimiento de un contrato por el que cobra más de 5.5 millones de euros anuales.

 

Extracto de las declaraciones del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, sobre el estado del contrato con FCC y las acciones que están realizando.

 

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