ACUERDO MARCO PARA LA ARTICULACION DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL EN EXTREMADURA Octubre 2015

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www.nosolomerida.es | ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El presente documento pretende recoger unos acuerdos de mínimos y contemplar las medidas extraordinarias que se han de adoptar para dar cumplimiento al compromiso de la Junta de Extremadura contra la exclusión social.

La dureza, la profundidad y las medidas adoptadas para gestionar la salida de la crisis económica se ha traducido en mayores niveles de pobreza, con especial virulencia en la edad infantil; pérdida de la universalidad de la atención sanitaria con riesgo importante desde el punto de vista de la salud pública, y pérdida del derecho a la vivienda o a la posibilidad de tener acceso a una, de manera digna y efectiva.

El compromiso de la Junta de Extremadura se centra en erradicar las desigualdades sociales y luchar por la justicia social. Siendo los derechos a la protección de la salud, la acción social, el derecho a la vivienda y el asegurar unos mínimos vitales en cuanto a energía y agua se refieren, derechos a asegurar para conseguir una sociedad más igualitaria y con mayores niveles de justicia social.

Sin embargo, los indicadores de pobreza, tanto globales, como energética, los datos de acceso a la protección de la salud por una parte de la población, el acceso a la vivienda ante las necesidades actuales de la población y las situaciones de emergencia social, hacen que tengamos que adoptar una serie de medidas urgentes que permitan dar respuesta a las necesidades que en este momento tiene la población.

De acuerdo con esta necesidad, el presente acuerdo recoge una serie de medidas en los ámbitos de lo sanitario, lo social, la vivienda que tratan de dar respuesta a las necesidades urgentes que en este momento tiene la sociedad actual y así contribuir a la erradicación de la desigualdad y aumentar la justicia social.

Cualquiera de los indicadores universalmente aceptados, nos indican que existen muchas personas que no disponen de los recursos materiales suficientes para atender sus necesidades básicas, lo que les impide vivir la vida con un mínimo de dignidad. En esta acepción de la pobreza podemos afirmar que las cifras de personas en esta situación han aumentado en Extremadura.

Pero además, los indicadores nos hablan de un aumento de personas que se encuentran en claro riesgo de exclusión social.

En cuanto a la situación laboral (desempleo,  falta de cobertura a los desempleados…) son factores en clara relación con las cifras de exclusión social.

En Extremadura se ha producido un claro incremento del número de personas en hogares con riesgo de pobreza y exclusión social, tanto que en 2014 las cifras eran de 437.535 extremeños, frente a 399.372 solamente cuatro años atrás. Lo que hace que casi 40 hogares de cada 100 se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, lo que representa un 39,8% de los hogares extremeños. Siendo este dato superior en 10,6 puntos al del conjunto del estado. Esto mismo lo atestiguan los indicadores de privación material severa, el índice de baja intensidad en el trabajo en el hogar o las cifras de desempleo. Indicadores, donde Extremadura se sitúa entre las de mayores cifras en cuanto a los mismos en el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Mención especial requieren los datos en cuanto a pobreza infantil donde datos de diferentes informes y estudios sitúan a nuestro país, como uno de los que mayores cifras de niños y niñas en riesgo de pobreza dentro de los de nuestro entorno, concretamente el 30,5 % de los niños y niñas de nuestro país vive en riesgo de pobreza infantil. Además, Extremadura se situaría como la Comunidad Autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil, siendo en el informe de UNICEF del 46%.

Desde 2007, la factura eléctrica se ha disparado en España un 63%, mientras que la renta media de los hogares se ha reducido un 8,5%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. La tasa de pobreza energética ha pasado del 5,9% en 2008 al 10% en 2010, y se estima que actualmente ronde el 15%. Esta circunstancia genera consecuencias en la salud de las familias menos favorecidas, afectando especialmente a sus miembros más vulnerables: ancianos, niños y adolescentes.

El gasto más importante, la calefacción, supone ya el 42% del total de la factura de energía, haciendo gastar a las familias por encima de sus posibilidades. En el contexto extremeño la incidencia es mayor por el estado general de los inmuebles, ya que un 40% de ellos padecen patologías (humedades, goteras, podredumbres) que incrementan ese gasto de calefacción. Y hay, por lo menos, un 10% de familias cuyos recursos le impiden alcanzar una temperatura media de 18 grados, mínimo considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alcanzar las necesarias condiciones de salubridad.

Extremadura es la tercera región del país con un mayor porcentaje de hogares que llegan a fin de mes con mucha dificultad, con una tasa de un 20,9%, además, según el INE, en cuanto a las tasas de riesgo de pobreza, las tasas más elevadas del país se dan en Extremadura, donde se encuentran también los ingresos medios más bajos del país.

Son más de 27.000 familias extremeñas la que pueden pasar frío este invierno debido al mal acondicionamiento de las viviendas y los problemas para abonar las facturas, y es por ello que la Junta de Extremadura no puede pasar por alto está grave circunstancia y por lo que surge la necesidad de adoptar medidas para garantizar el suministro de energía y agua a las personas sin recursos o más necesitadas.

Los datos anteriormente expuestos reflejan una situación en la que los poderes públicos deben articular soluciones para dar respuesta a las situaciones de urgencia social en la que se encuentra la población.

El derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española, impone a los poderes públicos el deber de organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

El modelo español de sistema nacional de salud que garantiza la protección de la salud se sustenta en la financiación pública, la universalidad y la gratuidad de los servicios sanitarios. Estos principios quedan reflejados en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, que modificó la Ley 16/2003, de 28 de mayo, establece que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM) son los competentes para controlar la condición de asegurado o de beneficiario del SNS.

Por otro lado, el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, añade un tercer artículo, asistencia sanitaria en situaciones especiales, a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, que establece que las personas extranjeras no registradas y no autorizadas como residentes en España recibirán asistencia pública en caso de embarazo, parto y postparto y en caso de menores de 18 años, con la misma extensión que la que tienen reconocida las personas que ostentan la condición de aseguradas.

Por otra parte, de acuerdo con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, las prestaciones sanitarias de salud pública en el sistema nacional de salud incluyen acciones preventivas, asistenciales, de seguimiento y control de situaciones dirigidas a preservar la salud pública de la población, así como evitar los riesgos asociados a situaciones de alerta y emergencia sanitaria. Las competencias y actuaciones en materia de salud pública corresponden a las comunidades autónomas, quienes las ejercen independientemente del dispositivo de asistencia sanitaria y que se dirigen a toda la población sin distinción de su acceso al sistema sanitario asistencial.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los principios rectores de la actuación del sistema extremeño de salud se recogen en la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura,  en su artículo 3.

Desarrollando los principios de dicha Ley, se regula la universalización de la atención sanitaria garantizando la igualdad efectiva en las condiciones de acceso a los servicios y actuaciones sanitarias de las personas extranjeras en la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante el Decreto 31/2004, de 23 de marzo, por el que se regula la protección sanitaria a los extranjeros en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea la Tarjeta para la Atención Sanitaria en el Sistema Sanitario Público de Extremadura.

La aplicación en la Comunidad Autónoma de Extremadura del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, dejó sin cobertura de acceso reglado al servicio extremeño de salud a las personas extranjeras que anteriormente disponían legalmente de tarjeta sanitaria del SNS de acuerdo con el Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, la normativa básica de la Seguridad Social y la propia Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura y Decreto 31/2004, de 23 de marzo, por el que se regula la protección sanitaria a los extranjeros en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea la Tarjeta para la Atención Sanitaria en el Sistema Sanitario Público de Extremadura.

La limitación de cobertura a la garantía de acceso en caso de urgencias y a la inclusión de determinados procedimientos de salud pública, así como la indefinición en los conceptos de gratuidad de la asistencia prestadas, ha generado de hecho una situación contraria a lo establecido como principios rectores en la propia Ley 10/2001 de 28 de junio, de Salud de Extremadura.

Por otra parte, la eficacia y eficiencia de la acción asistencial, de promoción de la salud y de defensa de la salud pública del sistema extremeño de salud se ha visto comprometida por la presencia de un importante colectivo no incluido de forma sistemática y reglada en los procedimientos generales habilitados para estos fines.

Por todo ello, y ante la necesidad de paliar urgentemente la situación actual, en coherencia con el principio rector de universalidad de acceso a la asistencia sanitaria recogido en la Ley 10/2001 de 28 de junio, de Salud de Extremadura, es necesario establecer las condiciones de acceso al servicio extremeño de salud, del citado colectivo actualmente excluido, manteniendo los principios de equidad, garantía de acceso, sostenibilidad económica, eficiencia en la prestación de servicios sanitarios y defensa de la sanidad pública.

Incorpora este acuerdo, el compromiso de modificar la Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica Extremeña de Inserción, en aquellos aspectos que inciden en el procedimiento para la concesión de la renta básica extremeña de inserción, mediante la supresión de los plazos de convocatoria hasta ahora previstos e introduciendo cambios que permitan agilizar la tramitación administrativa y la gestión económica inherente al reconocimiento del derecho y hacer efectivo con mayor celeridad el cobro de la Renta Básica de Inserción.

Asimismo, se incorporan modificaciones para dar respuesta a la demanda ciudadana planteada ante aquellos casos en los que se produce separación entre cónyuges o convivientes y el titular de la Renta Básica no permanece como custodio o guardador de los menores a cargo de la unidad convivencial, mediante el establecimiento de un procedimiento de subrogación, aplicable entre otros supuestos, al de separación de cónyuges o convivientes.

En nuestra región, al margen de otros recursos precedentes de lucha contra los procesos de riesgo o de exclusión social, la entrada en vigor de la Ley 3/2013, de 21 de mayo, reguladora de la Renta Básica Extremeña de Inserción, supuso un nuevo hito normativo para el logro de la real y efectiva igualdad de los colectivos más deprimidos, reconociéndose a esta prestación la naturaleza de derecho subjetivo, esto es, se instituye un verdadero derecho de la ciudadanía a tener cubiertas sus necesidades básicas y a su inserción social y laboral.

No obstante, los nuevos perfiles de pobreza y la reducción de los recursos económicos de las familias, especialmente de aquellas afectadas por la lacra del desempleo, hacen necesario ampliar las acciones aplicables a estas situaciones para que sean atendidas adecuadamente por los poderes públicos, de modo que se garantice real y efectivamente el acceso de todos los ciudadanos a los bienes y servicios básicos.

En este sentido, como servicio más próximo al ciudadano en la detección de sus necesidades, se hace imprescindible la contribución de los Servicios Sociales de Extremadura  a fin de garantizar una atención personal e integral de forma coordinada con los demás poderes públicos, de modo que los ciudadanos obtengan una respuesta eficaz a la situación de urgencia social en que puedan verse inmersos.

Así, para dar respuestas inmediatas a los casos de urgente necesidad detectados, es necesario establecer las ayudas de apoyo social para contingencias que vienen a complementar y reforzar las políticas de acción social en Extremadura, a fin de paliar o superar las situaciones de emergencia social sobrevenidas en que puedan encontrarse sus ciudadanos.

Es necesario, además adoptar medidas urgentes para dar respuesta al derecho a la vivienda que tiene la ciudadanía extremeña, modificando los criterios de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La experiencia acumulada a lo largo de estos años demuestra que es necesario un cambio de este sistema de adjudicación por otro que sea más justo y que valore de una forma más racional la realidad social de las personas que solicitan estas viviendas de promoción pública.

Por otra parte, se debe establecer una nueva regulación de los supuestos de ocupación ilegal de vivienda de promoción pública, con el fin no de amparar o legitimar dichas situaciones, sino de posibilitar una actuación anticipada de la administración para resolver situaciones urgentes y reales de necesidad de vivienda y, al mismo tiempo ofrecer una segunda oportunidad a familias que por determinadas circunstancias se han visto abocadas a este tipo de ocupaciones ilegales, ofreciéndoles la posibilidad de participar en procedimientos de adjudicación de vivienda de promoción pública.

Asimismo, se necesita ampliar por otros dos años más la duración máxima de las minoraciones del 100% de la renta de los contratos para aquellas unidades familiares cuyos ingresos se hayan visto reducidos por los actos de la crisis económica de forma considerable, al no solo persistir en la actualidad la situación de necesidad que motivó dicha medida, sino además por el recrudecimiento de aquella por su prolongación en el tiempo.

En línea con lo anterior, en el ámbito de la vivienda se debe contemplar el establecimiento de una línea de ayudas, en régimen de concesión directa, para familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y que por este motivo tengan derecho a acceder a una vivienda de promoción pública, a fin de que puedan hacer frente al pago de la renta del alquiler de una vivienda en el mercado libre hasta que se resuelve y se hace efectivo la entrega de una vivienda de promoción pública.

Es por ello, y ante la necesidad de adoptar medidas urgentes que vengan a solucionar las necesidades de la población para disminuir la exclusión social de la ciudadanía extremeña, y en el marco de la concertación social, por lo que se llega a los siguientes acuerdos que recogen medidas que necesitan ser puestas en marcha con carácter urgente, sin menoscabo de seguir trabajando en el ámbito de la concertación social de propuestas para establecer acuerdos que den respuesta a la situación de exclusión social.

ACUERDOS

 

Primero

Las entidades firmantes de este acuerdo entienden que se deben establecer un conjunto de medidas de carácter urgente y extraordinario destinadas a atender a las necesidades básicas de personas, familias y colectivos susceptibles de especial protección y fomentar la inclusión social de las personas con necesidades crecientes de carácter social en segmentos de la población especialmente vulnerables.

 

Segundo

Que los ámbitos en los que se debe actuar de forma urgente son los siguientes:

a)                 La cobertura sanitaria de personas extranjeras que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, a través de la emisión de una tarjeta identificativa personal de acceso al servicio extremeño de salud y dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura

b)                 Adaptación del procedimiento de acceso al de derecho a la Renta Básica de Inserción de Extremadura a las necesidades sociales actuales.

c)                  Puesta en marcha de medidas excepcionales destinadas a cubrir situaciones de emergencia social.

d)                 Medidas para asegurar el acceso a unos mínimos vitales de energía y agua a las personas vulnerables.

e)                 Medidas tendentes a aumentar la justicia social en el acceso a la vivienda y a paliar las consecuencias de una crisis económica con la duración y profundidad actual.

Tercero

Que se debe volver a la universalidad de la atención sanitaria en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Extremadura, comenzando por garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias exclusivamente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a aquellas personas extranjeras no registradas, ni autorizadas como residentes en España y con residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, previsto en el artículo 3.5 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que no puedan exportar el derecho a cobertura sanitaria en el sistema nacional de salud (SNS) desde sus países de origen, ni exista un tercero obligado a pago.

Y este acceso se debe conceder para aquellas personas empadronadas en un municipio de la Comunidad de Extremadura que cumplan los requisitos siguientes:

 

  1. Tener la condición de extranjero, mayor de edad, no registrado ni autorizado a residir en España.
  2. Acreditar empadronamiento con residencia efectiva en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, un mínimo de tres meses.
  3. No poder acceder a cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud al amparo de los reglamentos comunitarios y convenios internacionales existentes en materia de asistencia sanitaria, ni tener posibilidad de acceso a cobertura sanitaria pública por cualquier otro título, ni poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde el país de origen o procedencia.
  4. Carecer de rentas o ingresos suficientes.

 

Cuarto

Las personas que accedan al servicio extremeño de salud en las condiciones establecidas en este acuerdo tendrán acceso a la totalidad de servicios, en las mismas condiciones de igualdad efectiva y calidad que el resto de usuarios del SNS, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y las prestaciones sanitarias serán realizadas por los profesionales sanitarios y se practicarán exclusivamente en centros, establecimientos y servicios del Servicio Extremeño de Salud, propios o concertados.

Así, la prescripción de medicamentos se realizará en receta oficial. En los tratamientos farmacológicos ambulatorios la persona usuaria deberá abonar el 40 por cien del precio de venta al público de los medicamentos. Esta cantidad será del 10 por cien en el caso de que se trate de medicamentos sometidos a aportación reducida.

Con las prestaciones ortoprotésicas, las personas incluidas en el ámbito de este acuerdo accederán en las mismas condiciones que se establezcan para el resto de usuarios del sistema nacional de salud.

De la misma forma se le asignará un centro de salud que será el que le corresponda según el mapa sanitario, en virtud del domicilio habitual del interesado.

La Junta de Extremadura desarrollará reglamentariamente el acceso y los supuestos de exclusión de estas personas al Servicio Extremeño de Salud.

 

Quinto

 

Ambas partes están de acuerdo en que se debe modificar normativamente y de forma urgente la Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica Extremeña de Inserción, en los siguientes términos:

1. El derecho a la prestación nace a partir del día siguiente a dictarse la resolución para su concesión o, en su caso, a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido para resolver. La Renta Básica Extremeña de Inserción tendrá una duración de 12 meses.

2. Por resolución de la Dirección General competente, podrá reducirse la cuantía de la prestación inicialmente reconocida cuando por comunicación del beneficiario, por comprobación de los técnicos de la Administración o por cualquier otro medio se compruebe que se han incrementado durante el periodo del derecho las rentas percibidas por la unidad familiar de convivencia. Siempre con trámite de audiencia al beneficiario, con concesión de un plazo de diez días para formular las alegaciones o presentar los documentos pertinentes.

3. El derecho a la prestación de la Renta Básica Extremeña de Inserción quedará suspendido, por resolución del órgano competente para su concesión, por los siguientes motivos y durante los siguientes períodos:

 

  1. Buscando en todo momento la inserción laboral de la persona e incentivando la contratación legal, se debe regular la suspensión de la renta básica ante una relación laboral que le asegure a la persona su inserción al mercado laboral y los ingresos mínimos suficientes.
  2. Por superar los recursos mensuales de la unidad familiar de convivencia el importe correspondiente de la Renta Básica de Inserción de Extremadura, siempre que no se superen los límites máximos que determinan su concesión, mientras dure dicha situación.
  3. Mientras dure el internamiento de carácter temporal del titular en centros o instituciones en los que tenga cubierta sus necesidades básicas, cuando éste sea beneficiario único y la estancia se prolongue más de treinta días, salvo en los supuestos contemplados como excepción en el artículo 10. 1.f).
  4. Mientras el titular del derecho esté cumpliendo condena que implique privación de libertad. No se suspenderá el derecho si la unidad familiar de convivencia estuviera formada por más de una persona y no disfrutara de renta familiar cuya cuantía exceda del límite que determina su concesión.
  5. En los supuestos de traslado de residencia fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura por tiempo superior a 30 días e inferior a 3 meses, se suspenderá el derecho mientras el titular resida fuera de Extremadura, salvo que declare que es para realización de un trabajo por cuenta ajena, siempre que la salida esté previamente comunicada.
  6. Por sanción impuesta como consecuencia de la comisión de infracciones tipificadas en esta Ley, por el tiempo determinado en la resolución que la imponga.
  7. Durante la tramitación del procedimiento de subrogación contenido en este acuerdo.

 

4. La suspensión del derecho a la prestación supondrá la interrupción del abono de la misma, con efectos a partir del día siguiente a aquél en que se hubieran producido los motivos que la causan, reduciéndose el período de percepción de la prestación por tiempo igual al de la suspensión producida, sin que en ningún caso la suspensión pueda acordarse por un período superior a seis meses. En los supuestos en que se perciban rentas o ingresos de cualquier tipo durante el periodo de suspensión, los mismos serán computados a efectos de determinar el derecho a la reanudación o la cuantía de la prestación a percibir tras la reanudación.

5. La resolución de suspensión deberá pronunciarse, en su caso, sobre la continuidad o no, de la participación en el Proyecto Individualizado de Inserción durante el período de suspensión.

6. Una vez concluido el plazo de suspensión, la prestación se reanudará de oficio o previa solicitud del interesado en los supuestos que reglamentariamente se determinen, siempre que el período de derecho no se encuentre agotado y, quede acreditado el mantenimiento de los requisitos exigidos para continuar teniendo derecho a la prestación.

7. La percepción de la prestación se reanudará con efectos desde el día primero del mes siguiente al de la fecha en que hubieran desaparecido las causas que motivaron la suspensión en los supuestos apreciables de oficio, y en los supuestos en que deba solicitar la reanudación el interesado, siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes al término de la causa de suspensión. Si es solicitada fuera de este plazo, la percepción se reanudará con efectos desde el día primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera solicitado.

8.En la fecha de la solicitud se considerarán reactivados los compromisos asumidos en el Proyecto Individualizado de Inserción, salvo en aquellos casos en los que el órgano concedente considere que concurren razones que aconsejan la elaboración de un nuevo Proyecto, debiendo procederse a la oportuna suscripción del mismo, que sustituirá al anterior a todo los efectos.

9. Cualquier miembro de la unidad familiar, mayor de edad, podrá subrogarse como titular de la Renta Básica Extremeña de Inserción en los supuestos establecidos en los apartados d) y e) del artículo 18.1, cuando el titular abandone sus obligaciones respecto de la unidad familiar; y, en todo caso, en el supuesto previsto en el artículo 19.1 a).

10. También podrá subrogarse como titular de la Renta Básica Extremeña de Inserción, cualquier miembro de la unidad familiar, mayor de edad, cuando se produzca una situación de ruptura de la convivencia, en que ésta pudiera quedar desamparada.

11. La resolución por la que se declare la subrogación procederá a determinar nuevamente la cuantía mensual de la prestación en la forma establecida en los artículos 12, 15 y 16, retrotrayéndose los efectos económicos a la fecha del hecho causante. Procediéndose a solicitar el reintegro de aquellas cantidades que hubieren resultado indebidamente abonadas al titular.

12. El miembro de la unidad familiar que se subrogue en la titularidad de los derechos quedará subrogado, también, en las obligaciones asumidas por el anterior titular. Todo ello, sin perjuicio de la elaboración de un nuevo Proyecto Individualizado de Inserción ajustado a las nuevas circunstancias.

13. A la solicitud de subrogación se ajuntará, informe del trabajador social de los servicios sociales de atención social básica y documentación acreditativa del hecho causante. En los supuestos de no poder acreditarse documentalmente, se realizará una declaración responsable por parte del solicitante con los efectos previstos en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, autorizando al órgano gestor a comprobar de oficio los hechos declarados.

14. En el procedimiento de subrogación se dará audiencia al titular original de la Renta Básica Extremeña de Inserción por plazo de diez días. Si manifestara su oposición a la subrogación, se solicitará informe a la policía local y al trabajador social de los servicios sociales de atención social básica para que emitan informe sobre la convivencia efectiva de la unidad familiar y pongan de manifiesto cualquier posible situación de desamparo de la unidad familiar por parte del titular de la Renta Básica Extremeña de Inserción.

15. La interposición del recurso de alzada por alguno de los interesados contra la resolución dictada sobre la solicitud subrogación no podrá conllevar pareja la suspensión de su ejecutividad del acto.

16. Se procederá al archivo del procedimiento de subrogación en el supuesto de que, por autoridad judicial, se adopte cualquier medida que afecte a la Renta Básica Extremeña de Inserción como consecuencia de un proceso en materia de alimentos, violencia de género, o cualesquiera otro, tendente a proteger a los miembros de la unidad familiar en situación de desamparo o de mayor vulnerabilidad.”

17. El procedimiento para la concesión de la Renta Básica Extremeña de Inserción se iniciará mediante la presentación de la solicitud de la persona interesada, a través de la aplicación informática habilitada por la Dirección General competente en materia de renta básica de inserción, en su página web, cumplimentada con la asistencia de los trabajadores sociales de los servicios sociales de atención social básica.

18. Toda persona que tuviera reconocido el derecho a una prestación de Renta Básica Extremeña de Inserción podrá, durante el último trimestre de percepción, solicitar de forma anticipada un nuevo derecho a la prestación si reúne los requisitos para ello establecidos en esta norma. Si se reconociera una nueva prestación, ésta producirá efectos desde el día siguiente a la finalización del derecho anterior.

19. El trabajador social asignado deberá evaluar la situación del solicitante y, en su caso, del resto de miembros de la unidad familiar de convivencia, emitiendo informe social sobre la existencia de un estado de dificultad personal o social determinante de riesgo de exclusión.

20. El trabajador social, en el caso de apreciar en su informe la existencia de un estado de dificultad personal o social determinante de riesgo de exclusión, deberá elaborar además un Proyecto Individualizado de Inserción adaptado a las circunstancias, capacidades y necesidades personales y familiares del solicitante, definiendo las actuaciones o compromisos que debe realizar el solicitante en caso de ser beneficiario de la prestación, e indicando de forma expresa si reúne requisitos de aptitud para participar en acciones de mejora de la ocupabilidad, en los programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, que se determinen por el Servicio Extremeño Público de Empleo o en itinerarios de inserción sociolaboral elaborados por empresas de inserción.

21. Finalmente, una vez realizado el informe social y el proyecto individualizado de inserción, el trabajador social asistirá al solicitante en la cumplimentación de la solicitud a través de la aplicación informática citada, supervisando la aportación de la documentación necesaria y velando por el cumplimiento de todos los requisitos mencionados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los previstos en esta Ley.

22. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

23. La presentación de la solicitud implicará la autorización al órgano gestor para la verificación y cotejo de los datos económicos declarados con los de carácter tributario obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de los datos de identidad y residencia, la comprobación de la situación de alta o baja, periodos cotizados y las bases de cotización a la Seguridad Social, la comprobación de las pensiones o prestaciones percibidas de cualquier administración pública y en general de cualquier otro dato de carácter personal o económico que sea necesario para el reconocimiento o el mantenimiento de la percepción de la prestación de Renta Básica Extremeña de Inserción a obtener de las bases de datos de cualquier otro organismo o administración pública.

24. El interesado en la misma solicitud suscribirá una declaración responsable en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento del derecho a la prestación, que son ciertos los datos declarados, que dispone de la documentación que así lo acredita.

25. La solicitud, deberá ser suscrita por el interesado junto con el proyecto individualizado de inserción, será enviada telemáticamente a través de la propia aplicación informática a la Dirección General competente, quedando automáticamente registrada en la misma, emitiéndose copia de todo ello para el interesado.

26. Junto a la solicitud, el interesado deberá aportar la siguiente documentación:

–        Libro o Libros de Familia, en su caso Certificado del Registro de Parejas de Hecho o cualquier otro documento público que acredite la relación de parentesco existente en la unidad familiar.

–        El Certificado del Registro de Parejas de Hecho mencionado en el apartado anterior, sólo habrá de ser aportado por el interesado en aquellos casos en que haya sido expedido por órgano no integrado en la Administración de la Comunidad Autónoma.

–        Certificado de empadronamiento del titular y resto de miembros de la unidad familiar, en caso de residir en domicilio distinto del que figure en el DNI.

–        Certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento, en el que se haga constar todas las personas que convivan en el domicilio del solicitante, con indicación del período de residencia a que se refiere el artículo 10.1.a).

–        Copia cotejada de la resolución judicial de la que derive el derecho a percibir pensión alimenticia.

–        En el caso de extranjeros documentación acreditativa de su residencia legal en España. Si se trata de extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite o de personas que tengan autorizada su estancia en España por razones humanitarias, documentación acreditativa de estas circunstancias.

–        En los supuestos de solicitantes que constituyeran las unidades familiares independientes a que se refiere el artículo 9.6, con el fin de acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10.1.g), deberán aportar declaración firmada por los parientes a que se refiere dicho artículo, expresando su consentimiento para la tramitación de la prestación.

27. Completada y verificada la documentación anterior, el trabajador social la remitirá al órgano gestor, que será el servicio competente en materia de Renta Básica de Inserción, quien realizará de oficio las comprobaciones de la concurrencia de los requisitos exigidos incluidas las consultas a las bases de datos de las distintas administraciones públicas que fueran necesarias, emitiendo la correspondiente propuesta de resolución.

28. La competencia para la resolución del procedimiento de concesión de la Renta Básica Extremeña de Inserción corresponde al titular de la Dirección General con competencias en la materia. En todo caso la Administración está obligada a resolver.

29. El plazo para resolver y notificar la resolución será, como máximo, de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Este plazo quedará interrumpido cuando la paralización del procedimiento se deba a causas imputables a la persona interesada.

30. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La falta de notificación de resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

31. Recaída resolución favorable se procederá al abono de la prestación en la cuantía concedida, con efectos desde el día siguiente al que se dicte la resolución o, en su caso, a partir del primer día siguiente a la finalización del plazo establecido para resolver. A estos efectos, cuando la resolución se dicte transcurrido el mismo, el primer pago comprenderá las cantidades acumuladas que el beneficiario hubiera percibido de dictarse la resolución en plazo legal.

32. El pago de la prestación se efectuará por meses vencidos en la cuenta corriente designada por el titular en la solicitud, que debe encontrarse debidamente dada de alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura.

33. Se constituye una comisión de seguimiento de la Renta Básica de Inserción, como órgano de consulta y de participación, tal y como se regulaba en la disposición adicional primera de la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de Renta Básica Extremeña de Inserción.

 

Sexto

Ambas partes acuerdan establecer una línea de ayudas a otorgar, mediante procedimiento de concesión directa, a las personas residentes en Extremadura, que por situaciones extraordinarias o circunstanciales, se vean privadas de las necesidades personales básicas para la subsistencia que deban ser atendidas en un breve plazo de tiempo y no puedan ser atendidas por medios propios o mediante los recursos sociales o institucionales disponibles en el entorno, con el fin de prevenir, evitar o paliar procesos de exclusión social y garantizar de manera temporal la cobertura de las necesidades personales básicas de subsistencia.

Séptimo.

1. Se garantizará el derecho a los suministros de mínimos vitales, entendidos como el derecho a tener cubierto el suministro de 100 litros de agua potable al día y 6 kw/hora al día de consumo eléctrico.

2. Al derecho a los suministros de mínimos vitales podrán acceder las personas que estén empadronadas y residan legal y efectivamente en Extremadura y cumplan los siguientes requisitos:

a)      Ser mayores de edad o que, aún siendo menores de dicha edad, sean huérfanas absolutas o estén emancipadas, por matrimonio o por concesión judicial o de quienes ejerzan la patria potestad.

b)      Haber residido en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura con una antigüedad de, al menos, tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Este requisito de antigüedad no será exigible a los emigrantes extremeños retornados, a los transeúntes, ni a los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite, así como los que tengan autorizada su estancia por razones humanitarias o, excepcionalmente, cuando la situación de emergencia comprometa gravemente la subsistencia del mismo o de su unidad familiar y así se haya acreditado en el informe motivado emitido por el Servicio Social de Atención Social Básica.

c)       Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se procederá a la suma de todos los ingresos netos computables de la unidad familiar obtenidos en los últimos tres meses y se dividirá por tres, considerándose que existen rentas o ingresos suficientes cuando los ingresos netos de la unidad familiar sean superiores al 75 % del importe mensual fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente para el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referido a catorce pagas, incrementándose en un 8% por cada miembro de la unidad familiar.

d)      En aquellas unidades familiares en la que haya algún miembro con una discapacidad en grado igual o superior al 65 % o tuvieran valorada la situación de Dependencia, con independencia del Grado y Nivel, se incrementará un 10 % por cada miembro de la unidad familiar.

e)      En caso de pago de préstamo hipotecario o de alquiler sobre la vivienda habitual de residencia del solicitante y de su unidad familiar, se deducirá un 25% sobre el total de los ingresos disponibles en la unidad familiar, a fin de determinar la cantidad a imputar como recursos disponibles en el hogar.

f)       No haber recibido ningún miembro de la unidad familiar ayudas públicas o privadas destinadas al mismo fin en el año en que esté vigente la convocatoria respectiva.

g)      A los efectos de esta norma, se considera beneficiario de la ayuda a todos los miembros de la unidad familiar. No obstante lo anterior, sólo podrá ser reconocida a favor de uno de los miembros de la misma.

3. No podrán acceder a este derecho:

a)      Quienes residan en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que estén obligadas a atender las necesidades básicas de subsistencia de sus residentes o estén ingresados con carácter permanente en un centro residencial o de carácter social, sanitario, socio sanitario, ya sea público, concertado o privado, para la cobertura de las necesidades que tengan cubiertas en los mismos. No obstante, podrá concederse la ayuda para sufragar los gastos de alquiler de vivienda habitual, siempre que la ayuda se destine a iniciar una vida independiente de los citados centros o recursos residenciales.

b)      Quienes reciban otras prestaciones para la misma finalidad de cualquier Administración Pública o entidad privada.

4. La Junta de Extremadura se compromete a establecer reglamentariamente el procedimiento para reconocer el derecho a los suministros de mínimos vitales.

5. Para hacer efectivo el derecho a los suministros de mínimos vitales una vez reconocido, la Junta de Extremadura suscribirá convenios con las empresas y entidades suministradoras de estos servicios, para el pago directo de los mismos.

 

Octavo.

 

1. Es acuerdo de ambas partes que las viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se adjudiquen, con carácter general mediante procedimiento de concurso por valoración.

2. Excepcionalmente y en aras a dar agilidad de respuesta ante necesidades urgentes, ambas partes acuerdan, el titular de la Consejería con competencias en materia de vivienda podrá acordar adjudicaciones directas, que reglamentariamente haya establecido:

a) En situaciones probadas de urgente y extrema necesidad.

b) En los supuestos en los que se acredite por parte de la unidad familiar la pérdida de la vivienda habitual por la imposibilidad del pago en procedimiento judicial de desahucio de las cuotas hipotecarias.

c) En los supuestos de promociones de viviendas en las que se hayan ejecutado viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida permanente. A tales efectos el Ayuntamiento correspondiente podrá proponer su adjudicación directa para la unidad familiar en la que concurra dicha circunstancia y adjudicar el resto por el procedimiento ordinario.

d)  En aquellos procesos de realojo para la integración de zonas degradadas o en fase de regeneración.

Noveno

Se debe establecer una nueva regulación de los supuestos de ocupación ilegal de vivienda de promoción pública para posibilitar una actuación anticipada de la administración con el fin de resolver situaciones urgentes y reales de necesidad de vivienda y, al mismo tiempo ofrecer una segunda oportunidad a familias que por determinadas circunstancias se han visto abocadas a este tipo de ocupaciones ilegales por no poder acceder con agilidad a una vivienda social, por lo que podrán participar en los procedimientos de adjudicación de viviendas de promoción pública, sin que constituya causa de exclusión de los mismos, aquellas personas que se encuentren ocupando ilegalmente una vivienda de promoción pública cuando previamente, con una antelación de al menos tres meses a la ocupación ilegal, hubiesen comunicado y acreditado ante el órgano competente en materia de vivienda la necesidad urgente de vivienda. En tal caso, de resultar adjudicatario de una vivienda de promoción pública dicha adjudicación quedará condicionada a la devolución de la posesión de la vivienda ocupada ilegalmente a la Junta de Extremadura.

Décimo.

Los adjudicatarios de las viviendas de promoción pública en régimen de alquiler a los que, por habérseles producido una alteración significativa en los ingresos de la unidad familiar, acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 9 del Anexo I del Decreto 115/2006, de 27 de junio, que regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán solicitar la minoración de la renta durante un período inicial de dos años, prorrogable por otro dos hasta agotar el máximo de cuatro años de minoración, cuando el importe de la misma suponga un esfuerzo económico superior al 10 por ciento de sus ingresos.

A los efectos de esta medida se entiende que se ha producido una alteración significativa en los ingresos de la unidad familiar cuando el esfuerzo que represente el pago del importe del alquiler, sobre la renta de la unidad familiar se haya multiplicado por el 1,5.

Se entenderá por unidad familiar a estos efectos, la compuesta por el titular del contrato de arrendamiento, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

Para la concesión de la prórroga mencionada, será necesario que la misma sea solicitada por el interesado tres meses antes de su agotamiento y deberán cumplir al momento de dicha solicitud los requisitos exigidos para su reconocimiento inicial a excepción del exigido en la letra a) del apartado 9 del Anexo I del Decreto115/2006, de 27 de junio.

La solicitud inicial, o la prórroga en su caso, se formalizará mediante el modelo oficial aprobado por la Consejería competente en materia de Vivienda, incorporado como al referido Decreto 115/2006, de 27 de junio.

Esta medida será de aplicación a todas las minoraciones del 100% que se reconozcan a partir de la entrada en vigor del presente Decreto Ley, así como a las reconocidas con anterioridad a la misma.

No obstante, para las minoraciones reconocida del 100% de la renta cuyo plazo máximo inicial de dos años haya vencido al momento de la entrada en vigor de la presente norma, el interesado dispondrá de tres meses desde dicha fecha para solicitar la primera prórroga.

Asimismo, los beneficiarios de minoraciones del 100% que hayan sido reconocidas ante de la regulación normativa que debe realizar la Junta de Extremadura y que a dicha fecha hayan agotado el primer año de minoración, no quedarán exceptuados de cumplir con el requisito exigido en la letra a)  del apartado 9 del  Anexo I  del Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura para que se le reconozca la prórroga de dicha minoración.

Las deducciones aplicadas en el momento de la formalización de los contratos de las viviendas adjudicadas,  tendrán una vigencia máxima igual a la del contrato inicial, es decir de cinco años, salvo la minoración del 100 % de la renta que se hará en el periodo solicitado y reconocido con una vigencia de dos años, prorrogable por otro dos.

No obstante, coincidiendo con el momento de la prórroga del contrato, el adjudicatario inquilino de la vivienda podrá solicitar que se le reconozcan las minoraciones a que tuviere derecho en función de sus circunstancias económicas o familiares, salvo que la prórroga del contrato coincidiera con el periodo de reconocimiento del 100 % de la minoración de la renta, en cuyo caso el adjudicatario inquilino no podrá solicitar reconocimiento de la minoración hasta el vencimiento del periodo reconocido.

 

Undécimo

Dada la situación de necesidad de vivienda, así como las características sociodemográficas que ya han sido expuestas en el apartado de justificación, las partes vienen a acordar que se debe articular una línea de ayudas en régimen de concesión directa para familias afectadas por ejecuciones hipotecarias  que puedan acceder a una vivienda de promoción pública mediante adjudicación directa por cumplir los requisitos contemplados en el Decreto 97/2013, de 10 de junio, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para acceder a una vivienda de promoción pública por parte de aquellos solicitantes afectados por ejecuciones hipotecarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura,  que les posibilite hacer frente al pago del alquiler de una vivienda en el mercado libre  hasta que se resuelve la adjudicación y entrega una vivienda de promoción pública.

 

Duodécimo

En casos y supuestos excepcionales, atendiendo a criterios de necesidad sanitaria y emergencia social, podrán obtener la condición de beneficiarios, las personas que no puedan acreditar alguno de los requisitos recogidos en el presente acuerdo. Siempre con una valoración sanitaria y social previa. Siendo la Consejería competente en materia sanitaria y social la autoridad reconocedora del derecho, tal y como se determine reglamentariamente.

Para el seguimiento de este acuerdo, en el seno del diálogo social de Extremadura, se mantendrán reuniones de seguimiento.

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