IU-Mérida afirma que el PP gasta dinero público en beneficiar a empresarios afines
Escrito por Redacción Jueves 09 de Abril de 2015 10:08
www.nosolomerida.es | La construcción de la glorieta en el Polígono Industrial “El Prado” aprobada durante el pasado mes de marzo con un coste superior a más de 240.000 euros tiene como único propósito beneficiar a un empresario afin al PP que tiene situado las instalaciones de su negocio en una ubicación a la que esta glorieta presta servicio.
La tramitación del procedimiento administrativo es completamente ilegal debido a que
en primer lugar el Ayuntamiento no dispone de la titularidad de los terrenos sobres los que está realizando la obra, por lo que se quieren realizar las actuaciones sobre la propiedad de un tercero; y segundo lugar porque el Plan General de Ordenación Urbana califica estos terrenos como zonas verdes, sin posible uso alternativo.
Estos elementos ponen de manifiesto la voluntad de los responsables municipales y de los gestores del procedimiento de vulnerara la legislación vigente en la materia, con el propósito de acelerar la ejecución de la obra antes de que finalice la legislatura.
Las prisas con las que el gobierno municipal y los responsables políticos y administrativos de la delegación de urbanismo han iniciado la ejecución de la obra y la obviedad de los incumplimientos que hemos señalado nos llevan a pensar que nos encontramos ante un caso de amiguismo o supuesta corrupción, por el que el PP utiliza fondos públicos para satisfacer las necesidades de empresarios afines a pesar de suponer una vulneración de la legislación vigente.
El amiguismo y la realización de este tipo de prácticas se han convertido en una constante por parte del Partido Popular a lo largo de esta legislatura, de modo y manera que el empleo de fondos públicos y la gestión del patrimonio público municipal se emplea con el único propósito de beneficiar al PP y los individuos que se sitúan en el entramado político y empresarial del Partido Popular.
Asimismo, queremos resaltar que las ilegalidades cometidas por los responsables de la delegación de urbanismo sólo son posibles debido a la complicidad de los funcionarios que tramitan los expedientes.
Para IU-Mérida, este tipo de prácticas suponen un ejemplo del nivel de degradación al que ha llegado la política y la gestión de lo público durante la presente legislatura que ahora termina, y que sólo podemos calificar como repugnantes, tanto las prácticas, como a aquellos que las protagonizan.
Desde IU-Mérida valoraremos la posibilidad de remitir la relación de los hechos descritos a la fiscalía anticorrupción con el objeto de determinar las responsabilidades que pudieran dilucidarse por estos hechos.
