IU-Mérida afirma que Ana Blanco miente
Miércoles 27 de Agosto de 2014 10:47
www.nosolomerida.es | Izquierda Unida-Mérida afirma que las declaraciones de la delegada de servicios sociales al respecto del momento y la oportunidad de la convocatoria de la comisión de vivienda que participa en el proceso de adjudicación de 20 viviendas sociales, no son ciertas.
Tal y como se indicó por parte del concejal de Izquierda Unida en la
mencionada comisión, las atribuciones de la misma son las que se señalan en la norma reguladora, es decir la valoración de las solicitudes de acuerdo con los baremos y puntuaciones que establece el decreto en vigor.
Así, el artículo 15.1 del decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señala literalmente “.Para la valoración de las solicitudes los Ayuntamientos interesados, constituirán la Comisión Local de Adjudicación de Viviendas Sociales”.
Esta circunstancia supone que la valoración realizada por los técnicos municipales debía haberse realizado por parte de los miembros de la comisión cuya, composición, constitución y funciones viene definidas por la norma que regula el proceso.
Más aún, el acuerdo alcanzado durante la celebración de la comisión fue precisamente la solicitud de un informe jurídico al respecto de la legalidad del proceso y las funciones que debía desempeñar la comisión, por lo que las afirmaciones de la delegada de servicios sociales mostrando la legalidad y oportunidad del lugar que se le ha reservado a la mencionada comisión están fuera de lugar, desde el momento en el que ese informe todavía no ha sido evacuado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, a la vez que muestra la intencionalidad del equipo de gobierno al respecto de esta cuestión.
En virtud del contenido de la normativa a la que hemos hecho mención, resulta evidente que el procedimiento podría ser declarado nulo de pleno derecho, en el caso de que no se respeten las funciones que la normativa atribuye a la comisión de vivienda, es decir la valoración de todas las solicitudes, por lo que fruto de la mala gestión del equipo de gobierno, el conjunto del proceso de adjudicación podría carecer de validez legal.
En estos términos, consideramos que la falta de diligencia mostrada por la delegación de servicios sociales tiene como principales perjudicados a las personas que llevan esperando que se les adjudique la vivienda de la que actualmente carecen.
Finalmente, desde IU-Mérida, queremos señalar nuestra preocupación por el hecho de que estos procesos se alimenten del resultado de procedimientos previos de desahucio, sobre titulares anteriores, lo que significaría que la Junta de Extremadura prioriza la protección de su patrimonio por encima de su labor como garante del derecho a la vivienda, reconocido en la Constitución Española.
