El Ayuntamiento negociará con los reversionistas del antiguo cuartel Hernán Cortés

Mérida

www.nosolomerida.es | El juzgado da la razón a los propietarios de estos terrenos

La delegada de Urbanismo  del ayuntamiento de Mérida, Raquel Bravo, asegura que el Consistorio tiene intención de negociar con los reversionistas del Hernán Cortés para buscar una solución al conflicto generado por lo que califica de “mala gestión urbanística por parte del anterior equipo de gobierno”.

Bravo recuerda que el Consistorio no puede evitar cumplir la sentencia de noviembre de 2010 en la que los juzgados dan la razón a un empresario de la ciudad que, a través de un convenio en 2006, obtuvo unas parcelas en las Abadías, que después fueron revendidas por el PSOE en 2009 a los propietarios del Hernán Cortés.

“A este propietario le corresponden unas unidades de aprovechamiento y lo que va a hacer el equipo de gobierno es iniciar el procedimiento administrativo correspondientes para llegar a un nuevo acuerdo con los reversionistas del Hernán Cortés. Esas parcelas les correspondían y les hicieron una doble venta, por tanto les engañaron”, asegura la delegada. Por tanto, los terrenos de las Abadías quedarán en manos del empresario que en 2006 firmó el convenio con el Gobierno de Acedo, tal y como ha dictado el juez. Y la delegada de Urbanismo tendrá que negociar con los propietarios del Hernán Cortés cómo se les compensan las parcelas que cedieron al Consistorio en el antiguo cuartel, “en este caso nos tocará negociar con ellos que esas parcelas suyas se encuentren en otra posición dentro de la ciudad de Mérida”.

ROYANEJOS

Con respecto al archivo de la denuncia presentada por el Partido Socialista contra el pliego de condiciones del proyecto del área de servicios de Royanejos, la delegada de Urbanismo asegura que no se han llevado ninguna sorpresa.

“Era la noticia que nosotros esperábamos. Esto no deja de ser otra de las cuestiones que utiliza el grupo socialista únicamente para desprestigiar a este equipo de gobierno. En este caso además se trata de una denuncia falsa. Hasta la propia Fiscalía de Cáceres dice que es una judicialización de la vida política. Están intentando poner al Gobierno en entredicho, pero no lo van a conseguir”.



 

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