La tiranía de las mayorías

Opinión - Cartas

La actual Ley de Elecciones a la Asamblea de Extremadura necesita una urgente reforma para que miles de ciudadanos extremeños no se sientan huérfanos de representación. Esta ley injusta exige el cinco por ciento de los votos emitidos por circunscripción provincial para acceder a la Asamblea y tendríamos que darnos con un canto en los dientes porque en Castilla La Mancha la cifra varía entre el siete por ciento y el once según la provincia. En el País Vasco y Cataluña, al igual que en el Congreso de los Diputados, sólo es necesario el tres por ciento para obtener un escaño. Son las ventajas de tener tantas leyes electorales distintas en nuestro país .


El pasado mes de diciembre UPYD presentó en el Congreso de los Diputados una serie de enmiendas a la Reforma de la Ley Electoral, cocinada por los dos grandes partidos mayoritarios apoyados por PNV y CIU. Nuestro partido proponía, entre otras medidas, fórmulas de escrutinio más proporcionales (que el voto emitido para lograr un escaño en una circunscripción determinada tuviese el mismo valor que el emitido en otra) y “listas abiertas y desbloqueadas en todas las convocatorias, como un instrumento para favorecer la participación directa del ciudadano en la elección de sus representantes”. Estas propuestas se basaban en el Informe del Consejo de Estado sobre la necesidad de corregir las deficiencias de nuestro actual sistema electoral. Ni caso. Rechazadas por el bipartidismo y sus socios nacionalistas.  Aquí paz y después gloria.

Ya es suficiente despropósito que cada Comunidad Autónoma tenga su propia ley electoral, pero más grave aún es que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo en algunas regiones para repartirse los escaños de sus parlamentos respectivos a costa de dejar sin representación a miles de ciudadanos. Nuestro sistema electoral tiene que pensar menos en las estructuras de poder de los dos grandes partidos políticos y más en las necesidades de los ciudadanos. Esta última legislatura hemos visto extrañas unanimidades en torno a duplicidades absurdas (la Reforma del Estatuto de Extremadura) y compromisos irrealizables (los 200 millones suplementarios por curso para la política educativa a lo largo de los próximos ocho años) mientras, en el día a día, la realidad se torna cada vez más preocupante para miles de ciudadanos que permanecen ajenos a las maniobras propagandísticas de sus representantes electos.

Nadie en la Asamblea de Extremadura ha subido a la tribuna de oradores para exigir que se les diga a los ciudadanos la verdadera situación de las cuentas públicas -cómo afectará a la prestación de los servicios esenciales- y se les informe de la magnitud de sacrificios que nos esperan tras las elecciones. Lo están dejando para después. Estoy segura de que, si la Asamblea de Extremadura recogiera la variedad de intereses, puntos de vista y pluralidad de ideas de la actual ciudadanía extremeña, la actividad parlamentaria sería más dinámica, más valiente, menos aburrida y estaría más atenta a la resolución de los problemas que se palpan a pie de calle. Muchos ciudadanos que no se ven reflejados en lo que hay, recuperarían un interés por la actividad política que hoy ven tan lejana. La Reforma de la Ley Electoral no es un fin, es un medio para devolver el control de la política a los ciudadanos.

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